El caso de Pérez no es un expediente aislado. Según la información publicada por El País, se enmarca en un colapso que afecta a 80.090 trabajadores con procedimientos pendientes en los juzgados de lo social de la Comunidad de Madrid, la jurisdicción que resuelve los litigios laborales y de Seguridad Social, incluidas las incapacidades permanentes.
Año y medio después de que la Seguridad Social le reconociera la incapacidad total, y con un cuadro de secuelas que le impedía retomar casi cualquier actividad laboral, Pérez solicitó la incapacidad absoluta, que da derecho al cobro íntegro del salario. La Administración denegó la petición, lo que la obligó a recurrir por vía judicial ante el juzgado de lo social.
El trámite ordinario en esta jurisdicción contempla la presentación de la demanda, un acto de conciliación o mediación previo, la celebración del juicio oral y, finalmente, el dictado de sentencia por el magistrado que haya instruido la causa. En el de Pérez, el procedimiento llegó a la fase final —la redacción de la sentencia que le reconoce su derecho al 100% del salario— sin que esta se haya producido.
A ese retraso se ha sumado un contratiempo adicional: la abogada de Pérez le comunicó esta semana que el juez encargado de su expediente se cogió una baja médica sin haber dejado redactada la sentencia. La circunstancia abre un nuevo periodo de incertidumbre sobre cuándo se resolverá el caso, que puede requerir la reasignación del expediente a otro magistrado o la espera hasta la reincorporación del titular del juzgado.
La situación ilustra un problema estructural de los juzgados de lo social de Madrid: la escasez de plantillas frente al aumento sostenido de la litigiosidad laboral, agravado tras la pandemia por el incremento de reclamaciones de incapacidad permanente y de otras prestaciones de la Seguridad Social, una jurisdicción saturada que ya arrastra demoras de años entre demanda, juicio y sentencia.
La resolución de un expediente de incapacidad tiene efectos económicos directos sobre quien lo solicita. Mientras no exista sentencia firme, Pérez continúa percibiendo el 55% de su base reguladora correspondiente a la incapacidad total ya reconocida, en lugar del 100% que recibiría si prosperase su demanda de incapacidad absoluta. La diferencia acumulada durante los años de espera no sería recuperable salvo que la sentencia reconozca efectos retroactivos desde la reclamación inicial.
El de los juzgados de lo social se suma a otros frentes abiertos en los tribunales españoles por demoras y colapsos, aunque de naturaleza distinta, como el que ha llevado a la Audiencia de Sevilla a dar una semana para pactar antes del juicio por listeriosis, un intento de descongestionar la agenda judicial mediante acuerdos previos entre las partes.
Cinco años después de su diagnóstico, Pérez sigue a la espera de una sentencia que determine si tiene derecho al cobro íntegro de su salario por incapacidad absoluta. La baja del juez que instruía su caso retrasa aún más una resolución que ya se demoraba más de tres años tras el rechazo inicial de la Seguridad Social.