El informe, titulado Efecto de la crisis en los órganos judiciales, sitúa el nuevo máximo por encima de las 41.878 demandas del primer trimestre de 2013, en plena recesión posterior al rescate bancario, y de las 41.597 del tercer trimestre de 2020, cuando los expedientes de regulación de empleo y los despidos por la covid saturaron los juzgados. Según el CGPJ, tras aquel pico pandémico la litigiosidad laboral fue descendiendo hasta tocar suelo en el tercer trimestre de 2021, momento a partir del cual inició una senda ascendente que se ha prolongado hasta el actual récord.
Por comunidades, Cataluña encabeza el listado con 9.075 demandas, el 20% del total nacional, seguida de Madrid (8.040), Andalucía (7.302) y la Comunidad Valenciana (5.885). El mapa de crecimiento interanual señala a Galicia como la región con mayor repunte (27,8%), por delante de Cataluña (24,3%) y Castilla y León (23,6%), lo que apunta a una tendencia que no se limita a los grandes polos industriales o de servicios, sino que se extiende también a comunidades con mercados laborales más pequeños.
El CGPJ no detalla en su informe las causas sectoriales del repunte, pero la magnitud del dato —superior a los dos grandes episodios de referencia de la litigiosidad laboral española en lo que va de siglo— sitúa el indicador en terreno sin precedentes desde que existen registros comparables. La serie del Poder Judicial ha atravesado tres grandes ciclos de destrucción de empleo: la crisis financiera de 2008-2013, la pandemia de 2020 y el actual repunte de 2026, cuyo origen el propio informe no atribuye a una causa única.
Los desahucios caen un 35,7% en el trimestre
El mismo informe del CGPJ recoge una evolución inversa en materia de vivienda: los lanzamientos o desahucios practicados en el segundo trimestre fueron 4.474, un 35,7% menos que en el mismo periodo de 2025. La mitad, el 50,1%, respondió a procedimientos por impago de alquiler bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que el 24,8% derivó de ejecuciones hipotecarias y el resto obedeció a otras causas, categoría esta última que se disparó un 152,5% interanual, al pasar de 444 a 1.121 casos.
Los lanzamientos por impago de alquiler cayeron un 57,7% respecto a hace un año y los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 8,9%, según los mismos datos. Cataluña vuelve a liderar el ranking autonómico con 983 lanzamientos, el 21,9% del total, por delante de Madrid (778), Andalucía (737) y la Comunidad Valenciana (629). En los desahucios por impago de alquiler, Cataluña (456) también encabeza la lista, seguida de Andalucía (397) y la Comunidad Valenciana (361); en los derivados de hipotecas, Andalucía se sitúa primera con 247 casos, el 22,2% del total nacional.
El CGPJ añade que las peticiones de lanzamiento cursadas a los servicios comunes de notificaciones y embargos —un indicador de tendencia, no de cifras absolutas, porque no todos los partidos judiciales disponen de ese servicio— ascendieron a 17.276 en el trimestre, un 26,8% más que un año antes, de las cuales 8.972 terminaron con cumplimiento positivo, un 11,1% más. En paralelo, las ejecuciones hipotecarias presentadas bajaron un 28,6% interanual, hasta 6.886, con Cataluña (2.270), Andalucía (1.319), la Comunidad Valenciana (807) y Madrid (563) como regiones con mayor número de casos.
El contraste entre ambos indicadores —máximo histórico en demandas por despido y caída pronunciada en desahucios— dibuja un escenario judicial dispar, con la conflictividad laboral al alza mientras retroceden los procedimientos de desalojo de vivienda, especialmente por impago de alquiler. El repunte de las demandas llega en un curso marcado por la tensión en el empleo público autonómico, como reflejan las 533 plazas aprobadas por la Universidad de Sevilla para 2026.
