Vallés separó explícitamente el plano electoral del judicial, y presentó los comicios como el cauce para dirimir la gestión gubernamental. «Las responsabilidades políticas, cuando se convocan elecciones, se sustancian en las urnas. De manera que ahí veremos a los ciudadanos; cada cual votará lo que considere en función de los temas que considere que son más importantes para cada uno de ellos. Y este será uno que afecte a un determinado sector de la población», detalló durante el programa.
El presentador advirtió de que ambos recorridos no son incompatibles ni se neutralizan entre sí. Según su análisis, la revelación de documentos de los servicios de inteligencia puede derivar en consecuencias que trasciendan el resultado de las urnas del 29-N y colocar a los gestores de la crisis en lo que calificó de «aprietos judiciales».
«Los tiempos electorales no frenan la investigación penal», afirmó Vicente Vallés, presentador de informativos de Antena 3.
El eje judicial de la polémica gira en torno a la desclasificación parcial de documentos del CNI que, según sostuvo Vallés, contenían avisos explícitos sobre el asalto masivo a la frontera de Ceuta. El periodista fue tajante al valorar el efecto de esa revelación sobre la imagen institucional de los servicios secretos frente a la del Ejecutivo.
«La imagen del CNI ha salido reforzada y la del gobierno ha salido perjudicada», respondió al ser preguntado por la gestión de la crisis. Añadió una crítica directa a la estrategia comunicativa oficial: «En este intento del gobierno de salvarse a sí mismo, diciendo que el CNI no se enteró de nada cuando eso claramente no fue así porque quedó demostrado con los papeles que se desclasificaron».
El CNI, adscrito al Ministerio de Defensa desde 2002, está sujeto a la Ley 11/2002 que regula su actividad y el régimen de clasificación de sus informes; la desclasificación de documentos secretos corresponde al Consejo de Ministros. El contraste entre los avisos previos atribuidos a los servicios de inteligencia y la respuesta oficial sitúa el episodio en el terreno de las responsabilidades institucionales.
La valoración de Vallés se suma a otras voces sobre el alcance del episodio. Expertos sitúan el asalto a Ceuta de julio como un paso más de la guerra híbrida marroquí, mientras la delegada del Gobierno en Canarias, Anselma Torres, defendió que la avalancha fue «absolutamente imprevisible», una posición que contrasta con la existencia de los avisos del CNI que ahora se conocen.
Vallés cerró su intervención con un interrogante que, dijo, recorre a buena parte de la opinión pública: «¿Y esto acabará en responsabilidades políticas y a lo mejor penales?». El periodista no ofreció una respuesta cerrada, pero vinculó el desenlace tanto al resultado de las elecciones del 29 de noviembre como al curso que tome la instrucción judicial sobre la gestión de los avisos previos al asalto.
