El contrato se asienta sobre cuatro principios que Feijóo resumió en «verdad, ley, esfuerzo y unidad», conceptos que presentó como necesarios para «restaurar el pacto social» en España. La formulación evoca el lenguaje de los grandes acuerdos nacionales, aunque el documento se inscribe en el pulso político entre PP y PSOE, con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo.
«No habrá reconstrucción sin confianza», advirtió Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.
El compromiso sobre pensiones se suma a un debate que atraviesa buena parte de la legislatura, marcado por la revalorización con el IPC vigente y por las advertencias periódicas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la sostenibilidad del sistema a medio plazo. La referencia a «ordenar la inmigración» conecta con un asunto que ganó protagonismo tras episodios recientes en la frontera sur, como la avalancha registrada en Ceuta, sobre la que el consejero canario Fernando Clavijo defendió que las responsabilidades se sustanciarán en las urnas.
La fórmula de presentar un «contrato» con la ciudadanía no es inédita en la política española. El precedente más conocido es el «Contrato con los ciudadanos» con el que el PP de José María Aznar concurrió a las elecciones generales de 2000, un documento programático concebido como compromiso público verificable. Distintos líderes han recurrido después a textos de este tipo en campañas electorales, con cumplimiento posterior desigual.
El PP no ha difundido el detalle íntegro de los quince puntos más allá de los ejemplos citados sobre pensiones e inmigración, ni ha publicado un calendario de aplicación o un coste estimado de las medidas. La apelación a la «confianza» como condición de la «reconstrucción» sitúa el discurso de Feijóo en un terreno que combina diagnóstico económico y llamamiento a la cohesión social.
El Gobierno de Sánchez mantiene mientras tanto su propia agenda de medidas, como los 45 millones de euros destinados a 2.000 plazas de residencias universitarias anunciados recientemente, en un pulso entre ambas formaciones por marcar la agenda pública.
El cálculo electoral se solapa con la presentación del contrato: según las proyecciones difundidas, la derecha conservaría tres quintos del Senado si Vox no se presenta en 19 provincias o concurre en listas 2+1 con el PP en ellas, un escenario que condicionaría la mayoría territorial de un eventual Gobierno popular.
