La comparecencia, tensa y bronca, se centró en las dudas sobre la actuación del centro de control de Adif, que autorizó al AVE implicado a reanudar la circulación en marcha normal pese a la caída del sistema de seguridad LZB y a la presencia de un tren de Iryo detenido más adelante en la vía. Puente defendió durante el debate el plan de renovación de la red puesto en marcha por su departamento, dotado con 780 millones de euros, antes de anunciar su salida.
"Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo tras dos accidentes en menos de un año", declaró Óscar Puente, ministro de Transportes, en su comparecencia ante el Congreso.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, respaldó la decisión de su ministro en términos elogiosos tras conocerla. "Ha dado la cara, soluciones y, después, un paso al lado", afirmó sobre la dimisión de Puente, que llega después de que el presidente anunciara ayudas para las víctimas de Urda equiparables a las ya aprobadas tras el accidente de Adamuz, según se recogió en el anuncio de ayudas para Urda.
La reacción del PP a la dimisión fue de rechazo. Fuentes de Génova, la sede del partido, atribuyeron la decisión del ministro a un cálculo político: "No se va por las víctimas ni por dignidad, sino por las encuestas", señalaron. Minutos antes del anuncio, la portavoz popular, Ester Muñoz, había reprochado a Puente en el hemiciclo que su responsabilidad como ministro "no es explicar accidentes mortales", sino evitarlos.
Sumar, socio de Gobierno, también había reclamado la salida de Puente durante el debate, aunque matizó que no le atribuía responsabilidad directa en la causa del siniestro. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, insistió en que el error humano reflejaría "un sistema de seguridad fallido" que trasciende lo ocurrido en Urda.
Segundo accidente grave en menos de un año
La dimisión se produce meses después del accidente de Adamuz, lo que ha reabierto el debate sobre el estado del mantenimiento de la red ferroviaria española, una discusión que ya recorría el sector antes de esta segunda tragedia, como reflejó el debate sobre el mantenimiento ferroviario reavivado tras Urda. La asociación de ingenieros Aicape había alertado en junio al Gobierno sobre una "fuga de talento" en los equipos encargados de la seguridad ferroviaria, según recogió entonces el aviso de Aicape.
El presidente de Adif, cuya retribución anual asciende a 195.000 euros según se hizo público tras los siniestros de Adamuz y Urda, continúa al frente del organismo gestor de la infraestructura, mientras las dudas sobre la cadena de decisiones del centro de control vuelven a situar a la empresa pública en el escrutinio, como se detalla en la información sobre el sueldo del presidente de Adif. La salida de Puente es el primer cese ministerial vinculado a una catástrofe ferroviaria en España desde la Transición: el descarrilamiento del Alvia en Angrois (Santiago de Compostela), en julio de 2013, con 80 muertos, no acarreó dimisiones en el Ejecutivo entonces presidido por Mariano Rajoy.
El accidente de Urda ha dejado 69 muertos y alrededor de 200 heridos, 40 de ellos aún hospitalizados, cifras que el propio ministro confirmó en su comparecencia ante el Congreso antes de anunciar su dimisión.