Desde el primer momento, el ministerio apuntó a un fallo del operario, una versión que, según el personal de los centros de control, generó rechazo entre la plantilla. «La gente está bastante enfadada por habernos puesto a los trabajadores a los pies de los caballos y por haber señalado así a un compañero», afirma un supervisor de la entidad, que añade: «Podría ser cualquiera, podría ser yo».
El detonante inmediato de las protestas internas, según estas fuentes, fue la difusión de las conversaciones grabadas entre el centro de control y el maquinista implicado en el siniestro. Este mismo martes, UGT anunció que había interpuesto una querella contra Adif por posible revelación de secretos, mientras que CCOO señaló haber remitido un requerimiento al delegado de Protección de Datos de la empresa por los mismos hechos.
Un trabajador de un centro de control de mandos de Adif describe el ambiente como de «rebelión y revolución a nivel interno» y reclama que la responsabilidad penal, si la hay, se dirima en los tribunales y no mediante señalamientos previos. «Si el sistema es deficiente, por ende nosotros también tenemos que ser deficientes. Suena duro, pero es así», explica.
Las mismas fuentes sostienen que existe un movimiento de fondo para elevar el tono de la protesta y sumar a otros colectivos afectados, en particular a los maquinistas.
«Nos queremos unir todos y ser una voz. Queremos que nos acompañen los maquinistas porque son grandes afectados y estamos azuzando a los sindicatos para que realmente se muevan y actúen como sindicatos y no como estómagos agradecidos», subrayan desde un centro de control de mandos de Adif.
Escepticismo sobre las mejoras anunciadas
Los trabajadores se muestran escépticos ante los anuncios de mejoras realizados por Puente antes de su cese y recuerdan que las reivindicaciones sobre personal y organización se arrastran desde hace años. «Después de ocho años ¿por qué ahora sí que van a cumplir con lo que venimos pidiendo desde hace tanto tiempo? No va a haber cambios reales», anticipan, citando «los mismos problemas de personal, volumen de incidencias, mala organización y mala gestión, en general».
La queja enlaza con el aviso del propio sector: Aicape, la asociación de ingenieros de Adif, alertó al Gobierno en junio de la «fuga de talento» en seguridad ferroviaria, un mes antes de que el siniestro reavivara el debate sobre el mantenimiento de la red. El personal insiste en que, una semana después, «nada ha cambiado».
Sobre el controlador señalado, las fuentes denuncian la falta de información pública de la empresa. «No sabemos cómo gestiona Adif estos señalamientos porque es bastante hermética. Me imagino que el compañero ha sido retirado del servicio una temporada, pero no por protegerle», matiza uno de los trabajadores. Otra fuente con un cargo similar expresa dudas sobre su futuro: «No sé cómo estará psicológicamente, pero igual no vuelve a trabajar de esto nunca más. Yo no podría volverme a sentar en una mesa de circulación nunca más».
El cese llega mientras el Gobierno mantiene abiertos otros frentes en la empresa pública: el Ejecutivo anunció ayudas para los afectados de Urda equiparables a las de Adamuz y pesa la polémica salarial de su presidente, que cobra 195.000 euros anuales tras ambos siniestros.
«Al final nuestro compañero será juzgado porque está bajo investigación judicial. Le llamarán a declarar y todo dependerá de lo que diga un juez… Si está inhabilitado por siempre o si tiene que ir a la cárcel. Pero podríamos ser cualquiera con este sistema deficiente», finaliza un trabajador de Adif.
