La carta llegó meses antes del accidente ferroviario de Urda, el siniestro por alcance entre dos trenes que ha reabierto el debate sobre el estado de las infraestructuras, como recogió la pieza sobre el mantenimiento ferroviario en España. En ella, el presidente de Aicape, Imanol García, pedía al Gobierno «medidas organizativas urgentes» para reforzar los «servicios esenciales de la Administración General del Estado vinculados a la explotación, conservación y construcción de infraestructuras públicas».
Aicape agrupa al cuerpo de ingenieros responsable del estudio, dirección, inspección, vigilancia y construcción de infraestructuras estratégicas: explotación de presas y embalses, conservación de carreteras, planificación y seguridad ferroviaria, protección de costas y gestión de emergencias climáticas. En su misiva de junio, el colectivo citaba ya los accidentes de Adamuz y El Bocal, la DANA de 2024 y los episodios meteorológicos extremos de la pasada primavera como pruebas de que la conservación de infraestructuras exige «organizaciones sólidas, medios suficientes y profesionales cualificados».
«Si no se adoptan medidas organizativas urgentes que refuercen estos servicios y se reconozca adecuadamente a quienes asumen estas responsabilidades, continuará degradándose la capacidad de la Administración para prestarlos», advirtió Imanol García, presidente de Aicape, en la carta remitida el 25 de junio a la secretaria de Estado de Función Pública.
La reacción tras el accidente de Urda
Después del siniestro de Urda, Aicape ha exigido blindar la investigación «frente a cualquier presión política» y ha reclamado una reflexión sobre «el modelo de organización y dirección del sector ferroviario español». La asociación denuncia «la creciente penetración de criterios políticos en ámbitos de decisión que requieren una dirección esencialmente técnica y profesional», con «puestos directivos de marcado carácter técnico» ocupados por «perfiles de naturaleza política», y pide recuperar «la autoridad técnica» en la gestión del sistema.
«La seguridad de los ciudadanos exige rigor técnico, independencia y responsabilidad», sentenció Imanol García, presidente de Aicape, en su análisis posterior al accidente.
El colectivo sostiene que un sistema de seguridad robusto no puede depender de que las personas actúen siempre de manera perfecta, sino que debe detectar situaciones anómalas antes de que se conviertan en peligro, incluso ante fallos técnicos o errores operativos. Por ello, defiende que la investigación del accidente de Urda debe abarcar «el conjunto del sistema»: infraestructura, señalización, sistemas de protección, procedimientos de circulación en condiciones degradadas y organización del control del tráfico, sin limitarse a un posible error individual.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el viernes que «la confianza en el sistema de alta velocidad está quebrada» y que corresponde ahora al Ejecutivo no solo investigar las causas del siniestro, sino «ofrecer soluciones para que una tragedia como esta no se repita». La declaración llegó tras el anuncio de ayudas para los afectados y una advertencia sobre un eventual pacto entre PP y Vox, como recogió la pieza sobre las ayudas para Urda similares a las de Adamuz.
Aicape recuerda en su misiva que existe consenso técnico en que la inversión preventiva en conservación y mantenimiento, junto con una dotación adecuada de personal, resulta muy inferior al coste económico y social de dejar degradar las infraestructuras y tener que reconstruirlas después. La asociación reclama que se refuercen estos servicios y que se reconozca a los funcionarios que asumen responsabilidades «especialmente exigentes» para garantizar su continuidad.
El malestar entre el personal técnico vinculado a Adif ya había aflorado tras el accidente, cuando Csif denunció que los controladores «se sienten desamparados», según recogió la pieza sobre la reacción de Csif tras el siniestro. La carta de Aicape, remitida meses antes de la tragedia, sitúa en junio el primer aviso formal de los ingenieros del Estado sobre el deterioro de la capacidad técnica de la Administración para garantizar la seguridad de las infraestructuras ferroviarias.
