La referencia al exministro José Luis Ábalos, apartado del Gobierno en 2021 y hoy investigado judicialmente por presunta corrupción en la adjudicación de mascarillas durante la pandemia, traza un paralelismo directo entre la gestión de ambos responsables de la cartera de Transportes. La comparación eleva el tono de un enfrentamiento que hasta ahora se había centrado en las cifras de siniestralidad y en la gestión de Adif.
Las palabras llegan en una semana marcada por el estado de la red ferroviaria, después de que el accidente de Urda reavivara el debate sobre el mantenimiento ferroviario en España. El siniestro, ocurrido semanas después del de Adamuz, situó en el centro de la discusión la gestión de Adif y del Ministerio de Transportes que dirige Puente.
Sánchez ya había respondido a las críticas de la oposición. El presidente anunció ayudas para Urda similares a las de Adamuz y advirtió del pacto PP-Vox, desplazando el foco del debate técnico sobre mantenimiento hacia las alianzas parlamentarias de la oposición.
El trasfondo de la polémica incluye el aviso que la Asociación de Ingenieros y Capataces de Red Ferroviaria (Aicape) remitió al Gobierno el pasado junio sobre la «fuga de talento» en los servicios de seguridad ferroviaria. Aquella alerta precedió en varios meses a los dos descarrilamientos que han marcado la agenda del otoño.
La dimensión económica se ha visto alimentada por la revelación de que el presidente de Adif cobra 195.000 euros tras los siniestros de Adamuz y Urda, un dato que la oposición ha utilizado para cuestionar la rendición de cuentas en el organismo público encargado de la infraestructura ferroviaria.
Más allá de los datos de siniestralidad, Feijóo introdujo un reproche personal al señalar que Sánchez no le trasladó el pésame tras el fallecimiento de Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social con el PP entre 2011 y 2018. El reproche añade una dimensión personal a un enfrentamiento librado hasta ahora en el terreno de las cifras y la gestión.
Adif es la entidad pública empresarial que administra las infraestructuras ferroviarias en España, mientras que la investigación de las causas de un accidente corresponde a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, organismo independiente adscrito al Ministerio de Transportes. La confluencia de dos siniestros en pocas semanas ha concentrado el escrutinio sobre ambos niveles de responsabilidad, el técnico y el político.