El desplome que reflejaría ese sondeo interno no tendría precedentes recientes para el PSOE. En las generales de 2023 el partido obtuvo 121 escaños, de modo que la horquilla que manejaría ahora el entorno del presidente apuntaría a una pérdida de entre 26 y 31 diputados, un retroceso que alejaría cualquier opción de formar gobierno y que figuraría entre los peores resultados de la historia reciente del partido socialista.
En Moncloa se atribuiría buena parte del golpe electoral a la acumulación de dos catástrofes ferroviarias en apenas diez meses: Adamuz y Urda, con 115 muertos en la red de alta velocidad. El accidente de Urda ha reabierto el debate sobre la gestión de Adif, cuyos controladores, según Csif, se sienten «desamparados» tras el siniestro.
Hace apenas unos días, Sánchez rechazó la dimisión que Puente había puesto a su disposición, argumentando que cesarlo en ese momento sería «injusto». La estrategia inicial habría consistido en sostener al ministro como cortafuegos frente al desgaste de la crisis, apartándolo de forma discreta de la campaña electoral mientras el Gobierno trataba de contener el impacto político de las dos tragedias ferroviarias.
El propio ministro habría trasladado en privado al Gobierno su razón para resistir en el cargo: no dimitir para evitar que su salida se interpretara como una admisión de culpabilidad. Esa lógica de blindaje, sin embargo, se habría vuelto en contra del propio Sánchez, al convertir la permanencia de Puente en el principal argumento de la oposición y los socios parlamentarios durante toda la campaña.
Alberto Núñez Feijóo ha señalado directamente al presidente como responsable último de la tragedia por haber nombrado y sostenido a Puente al frente de Transportes. A esa petición de dimisión se habría sumado Ada Colau, candidata de Frente Amplio, que habría trasladado formalmente a Moncloa su solicitud, en la misma línea que Junts.
Cada jornada que Puente permanece en el cargo mantendría viva la discusión sobre la responsabilidad política del accidente de Urda, un frente que se solapa con otros abiertos en la recta final de la campaña, como las cifras del delegado del Gobierno en materia de seguridad vial, Pere Navarro, que cifra en 500 los muertos en moto durante 2025 y lo calificó de «disparate».
Destituir a Puente a menos de un mes de las urnas tendría, no obstante, un coste político que Sánchez también sopesaría: admitir en plena campaña que la gestión del Ministerio de Transportes sí guardaría relación con la tragedia, un extremo que el Gobierno habría negado reiteradamente desde el accidente. El presidente perdería además una pieza de control interno del partido que querría conservar de cara al escenario posterior al 29 de noviembre.
La Constitución reserva al presidente del Gobierno la facultad de proponer al Rey el cese de cualquier ministro, un movimiento que no requiere trámite parlamentario pero que en plena campaña adquiere una lectura netamente política. Sánchez ya ha mantenido su actividad habitual de proselitismo, con anuncios como las ayudas prometidas para Urda similares a las de Adamuz, en los que advirtió sobre un eventual pacto entre PP y Vox tras los comicios del 29 de noviembre.
