Mazón anunció hace un año su salida de la presidencia de la Generalitat en medio de la presión política y social derivada de la gestión de la dana que arrasó la provincia de Valencia. Desde entonces conserva su escaño en Les Corts, donde, según la información publicada, se ha limitado a votar sin intervenir en los debates de la cámara autonómica. El PSPV eligió la fecha del aniversario para formalizar la petición de que renuncie al acta.
Los socialistas cifraron en 1.931 euros la cantidad que Mazón ha percibido en concepto de kilometraje como diputado y reclamaron su devolución. El PSPV sostiene que ese cobro resulta incompatible con el hecho de que el expresidente disponga de chófer y vehículo oficial, una prestación que la Generalitat reconoce a quienes han ocupado la presidencia autonómica una vez abandonan el cargo.
«Que devuelva los 1.931 euros que ha cobrado en gastos de kilometraje», exigió el PSPV al expresidente Carlos Mazón, al recordar que ya dispone de chófer por su condición de expresidente.
Compromís sumó su voz a la petición socialista y defendió que la renuncia al acta sería el gesto coherente tras una dimisión motivada por la gestión de la catástrofe que marcó el final de su mandato al frente del Consell. La coalición valencianista enmarca la exigencia en una ofensiva más amplia sobre la actuación del Gobierno autonómico durante los días posteriores a las inundaciones.
Mazón ha mantenido su escaño en el grupo popular de Les Corts desde que dimitió, sin que conste que haya manifestado intención de renunciar a él. La oposición interpreta su presencia en las votaciones, sin pisar la tribuna, como un intento de pasar inadvertido mientras las asociaciones de víctimas de la dana siguen reclamando responsabilidades políticas un año después de la riada.
La exigencia de que un expresidente abandone su acta tras dimitir no es inédita en la política autonómica española. Distintos dirigentes han optado por conservar su condición de diputados tras dejar el Gobierno regional, amparados en que el mandato parlamentario procede del voto ciudadano y no depende del cargo ejecutivo. El reglamento de Les Corts no obliga a entregar el escaño al cesar en el Consell, lo que convierte la permanencia en una decisión personal del parlamentario.
La polémica reaviva el pulso que mantiene la izquierda valenciana con Mazón desde la catástrofe. La tensión en la Generalitat se extiende a otros frentes, como el choque entre el PP balear y la Iglesia reflejado en que Bauzà acusó al obispo de Mallorca de «hipocresía», muestra del clima de confrontación en los gobiernos autonómicos del este peninsular.
Un año después de la dana, las víctimas y sus asociaciones continúan pidiendo explicaciones y responsabilidades políticas, según ha venido reflejando la cobertura sobre la situación del expresidente desde su salida del Consell. La renuncia al acta reclamada por PSPV y Compromís sigue en manos de un Mazón que no la ha anunciado.
