Contreras había aparecido en las conversaciones investigadas en el caso Koldo, la trama de presunta corrupción que salpicó al Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos. Para sustituirlo, el Gobierno eligió a un ingeniero con una carrera estrechamente ligada a los socialistas vascos.
Nacido en Santander en 1969 y licenciado en Ingeniería de Caminos por la Universidad de Cantabria, Marco de la Peña trabajó en constructoras como Ferrovial y Amenabar antes de dar el salto a la Administración en 2009. El Gobierno vasco del socialista Patxi López lo situó al frente de Euskal Trenbide Sarea, el gestor de la red ferroviaria autonómica, cuando Iñaki Arriola, dirigente del PSE, dirigía el departamento de Transportes.
Tras dejar ese cargo en 2013 y regresar al sector privado, volvió a la Administración vasca en 2020 como viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Ejecutivo de coalición entre PNV y PSE presidido por Iñigo Urkullu, de nuevo con Arriola como consejero. Ambos coincidieron también en la gestión de la obra del Metro de San Sebastián, en el tramo de dos kilómetros entre Miraconcha y Easo.
La trayectoria de ambos volvió a cruzarse en Madrid: cuando la llegada de Imanol Pradales a Ajuria Enea dejó a Arriola sin cargo autonómico, el Gobierno de Pedro Sánchez lo incorporó como consejero de Renfe Mercancías en octubre de 2024, un mes después de que Marco de la Peña asumiera la presidencia de Adif.
Reorganización de la seguridad ferroviaria
A principios de 2025, meses después de llegar a Adif, Marco de la Peña desmanteló la Dirección General de Seguridad de Procesos y Sistemas Corporativos y fusionó la seguridad de la circulación con el mantenimiento de la red, un área que terminó integrada en el departamento de Comunicación en octubre de ese año, tres meses antes del accidente de Adamuz, según publicó The Objective. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria advirtió de que no se había realizado ningún análisis de riesgos previo a esa reorganización.
El episodio se inscribe en una crisis de fondo que la Asociación de Ingenieros de Caminos (Aicape) ya había advertido al Gobierno en junio sobre la «fuga de talento» en seguridad ferroviaria, meses antes de que el accidente de Urda reavivara el debate sobre el mantenimiento de la red.
Tras el siniestro de Adamuz, Marco de la Peña evitó comparecer ante los medios y delegó en Puente el peso de las explicaciones públicas. El PP denunció ese silencio y lo citó a comparecer en el Congreso, mientras Vox presentó una querella contra él por homicidio imprudente. En abril defendió que lo ocurrido en Adamuz no respondía a un problema de mantenimiento sino, en todo caso, de inspección, y rechazó dimitir pese a que el PP se lo exigió en el Senado.
El propio Sánchez ha vinculado la respuesta a estos accidentes con el debate político en curso: tras el siniestro de Urda, anunció ayudas similares a las aprobadas para Adamuz y advirtió sobre un eventual pacto entre PP y Vox. La tragedia de Urda, con 69 fallecidos, se suma además a la muerte de un maquinista en prácticas en Gelida, en la provincia de Barcelona, en un episodio que también afecta a la presidencia de Marco de la Peña en Adif.