El gestor de la infraestructura ferroviaria mantiene la operativa en la red de alta velocidad y en la convencional sin margen para detener la actividad y analizar lo ocurrido. Un alto directivo de Adif que reclama el anonimato describe con crudeza el estado de la compañía pública a horas de que el siniestro marque el curso de la investigación.
«Toda la casa está tensionada muy por encima de sus posibilidades en busca de respuestas al accidente de Urda, cuando aún no hemos salido del estado de shock, y manteniendo la operativa en la red de alta velocidad y en la convencional», alto directivo de Adif.
El cargo de Marco de la Peña está a disposición del ministro de Transportes desde el primer minuto tras el siniestro, según fuentes internas de la compañía. El del propio Puente, a su vez, queda en manos del presidente del Gobierno. El cese del presidente de Adif, antes o junto al del ministro, es un clamor entre los grupos de la oposición y también entre aliados del Grupo Socialista en el Congreso.
Puente y Marco de la Peña comparecieron juntos en rueda de prensa el pasado viernes para dar explicaciones sobre el accidente. Ambos se habían comprometido en enero a trabajar para evitar que se repitiera un suceso como el de Adamuz (Córdoba), ocurrido en la misma línea Madrid-Sevilla.
«Trabajaremos día a día para revertir esa sensación de inseguridad que parece que flota», afirmó entonces Luis Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif.
Adif es la entidad pública empresarial que administra la infraestructura ferroviaria estatal, incluidos el trazado, la señalización y los centros de control del tráfico; su presidente es nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del titular de Transportes, que es también quien puede proponer su cese. Esa dependencia orgánica explica que la continuidad de Marco de la Peña gravite sobre la decisión de Puente, y la de este sobre la del jefe del Ejecutivo.
El accidente de Urda se suma a los antecedentes de siniestros ferroviarios que han marcado la gestión pública de la red, como el descarrilamiento del Alvia en Angrois (Santiago de Compostela) en julio de 2013, que dejó 80 muertos y abrió una causa judicial que se prolongó durante años. El precedente de Adamuz, en la misma línea Madrid-Sevilla, pesa ahora sobre el compromiso que ambos responsables asumieron en enero.
La comparecencia de Puente en el Congreso llega en un momento de máxima exposición política para el Ejecutivo, que deberá responder ante los grupos parlamentarios sobre las causas del siniestro y sobre la continuidad de los responsables de Adif. La sesión se produce mientras la investigación del accidente sigue abierta, con 69 víctimas mortales a la espera de que se esclarezcan sus causas.
