El artículo 128.2 de la Constitución habilita al Estado para reservar mediante ley recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, e intervenir empresas cuando lo exija el interés general. Es el precepto que Podemos reclama invocar para revertir la apertura a la competencia del transporte ferroviario de viajeros, iniciada en España en 2021 bajo el marco europeo de liberalización del sector.
Montero situó el origen de los problemas de seguridad en la entrada de operadores privados en un mercado donde Renfe convive con competidores como Ouigo e Iryo desde que se abrió la alta velocidad a la competencia.
La petición de dimisión apunta a Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible desde noviembre de 2023, y se suma a las tensiones entre Podemos y el PSOE dentro del bloque que sostiene al Gobierno.
