El operativo, desarrollado en torno a las tres de la madrugada, no dejó incidentes de gravedad, según el relato de la Delegación del Gobierno, que calificó el desalojo de progresivo y sin violencia. La acampada, instalada el 26 de septiembre con una finalidad reivindicativa, había ido perdiendo apoyo organizativo en las últimas semanas hasta quedar reducida a un grupo residual de personas que se negaban a retirarse del lugar.
El pasado viernes 30 de octubre, los propios acampados trasladaron a la Delegación del Gobierno que habían disuelto todas las comisiones que venían gestionando la protesta y dejaron constancia de que su reivindicación inicial había concluido. Pese a ello, la nota oficial señala que una parte de las instalaciones permanecía en la plaza cuando la Jefatura Superior de Policía de Madrid alertó de «diversos hechos presuntamente delictivos e incidentes» ocurridos dentro o en el entorno inmediato del campamento, con afectación directa a personas acampadas, transeúntes y agentes.
Dos escritos y dos delegados distintos
El expediente administrativo recoge dos comunicaciones previas al desalojo. El lunes 26 de octubre, con Francisco Martín aún como delegado del Gobierno en Madrid y tras la retirada de varias organizaciones convocantes, se remitió un primer escrito a los acampados en el que se advertía de que «había transcurrido un periodo de tiempo razonable en el que se ha podido hacer llegar sus reivindicaciones a la sociedad» y que «podría resultar legítimo poner fin a dicha acampada».
Al no obtener respuesta, el 29 de octubre, ya con Pilar Trinidad al frente de la Delegación, se envió un segundo escrito que elevaba el tono: exigía «el desmantelamiento de la acampada a la mayor brevedad». Dos días después se produjo el desalojo policial, que el organismo presenta como última fase de un proceso de retirada gradual que, según su versión, se venía observando «desde hace dos semanas».
La Delegación del Gobierno defiende que, desde el inicio de la acampada, entendió que la permanencia en la Puerta del Sol quedaba amparada por el derecho fundamental de reunión, recogido en el artículo 21 de la Constitución, y que pidió a la Jefatura Superior de Policía que garantizara su ejercicio pacífico mientras la concentración mantuviera «su carácter temporal y una finalidad reivindicativa común». Esa cobertura, sostiene el comunicado, se mantuvo mientras duraron esas condiciones.
«La evolución de las circunstancias, la persistencia de las instalaciones pese a las comunicaciones efectuadas, las alteraciones del orden público comunicadas y el peligro concreto para las personas y los bienes determinaron la necesidad de proceder al desalojo y desmontaje como último recurso», concluye el comunicado de la Delegación del Gobierno en Madrid.
El texto insiste en que la prioridad durante todo el proceso fue «la interlocución, la retirada voluntaria de las instalaciones y la adopción de medidas concretas para corregir los riesgos detectados», en contacto con el Sindicato de Inquilinas y con los portavoces de la acampada. Entre los episodios citados como ejemplo de esa gestión figuran la protección de la fachada de la Real Casa de Correos frente a su degradación y la retirada ordenada de elementos colocados sobre los respiraderos de Metro de Madrid para permitir labores de limpieza.
El desalojo de la acampada de Sol evoca el precedente del movimiento 15-M, que ocupó la misma plaza durante casi un mes en mayo y junio de 2011 antes de que las asambleas decidieran levantar el campamento, entonces sin intervención policial. El caso también se inscribe en la tensión por la vivienda que atraviesa Madrid, un debate recurrente que ha marcado la agenda política de los últimos meses, también presente en la controversia sobre el mantenimiento ferroviario y otras disputas sobre gestión pública.
La Delegación del Gobierno resume su actuación como un intento de equilibrar derechos: garantizar el ejercicio pacífico de la reunión, proteger a personas y bienes y recuperar el uso ordinario de la plaza, dejando el desalojo «como último recurso» tras más de un mes de acampada en el centro de Madrid.