El investigado se había desplazado a París antes de organizar los disturbios en España y había registrado una de las cuentas de Telegram empleadas para las convocatorias con un teléfono con número de Turquía, país al que habría viajado en numerosas ocasiones. Ese perfil de movilidad, unido a sus medios económicos, pesó en la decisión de la magistrada de descartar la fianza y ordenar su ingreso en la prisión de Picassent.
El Servicio de Información de la Guardia Civil, tras el volcado del teléfono móvil y de los dos ordenadores intervenidos en el registro de su domicilio, ha acreditado que el detenido administraba los grupos de Telegram —con miles de suscriptores— que llamaron al saqueo de comercios de lujo en Barcelona durante la jornada del 24 de octubre, además de una cuenta privada en la aplicación Signal, todo ello gestionado desde un iPhone 18 Pro. Aquella jornada se saldó con 128 detenidos, 78 de ellos menores de edad.
En uno de los canales, bautizado "Fuck AEAT", el investigado habría presumido de administrar los grupos "Blocus BCN2" y "Blocus BCN-2", ya cerrados. El 28 de octubre colgó en ese mismo canal un vídeo con el rostro cubierto en el que se autoproclamaba líder de Blocus en España; la identificación de la ID de sus cuentas condujo a su localización y arresto.
Se le atribuye también el diseño de varios carteles que llamaban a los saqueos en Barcelona, así como el avatar del grupo y códigos QR elaborados mediante una herramienta de inteligencia artificial desde su propio terminal. Los canales, públicos en Telegram y privados en Signal, sirvieron para difundir de forma masiva las convocatorias, que se extendieron también a WhatsApp.
El presunto cabecilla elaboró además un vídeo con la voz distorsionada llamando a nuevos saqueos en varias ciudades españolas para el 30 de octubre, jornada en la que un amplio despliegue policial frustró los disturbios convocados. Según las fuentes judiciales, el investigado contaba con capacidad para organizar los actos con rapidez y coordinación, movilizando en redes a menores de edad en distintas ciudades con el único objetivo de cometer desórdenes públicos.
Un núcleo cerrado con medidas de anonimato
La instrucción apunta que el investigado había seleccionado a los integrantes de un núcleo cerrado dentro de la organización y aplicaba medidas de contravigilancia y anonimato para dificultar su rastreo. La jueza, coincidiendo con la postura de la Fiscalía, ordenó además el cierre de sus cuentas y le prohibió el acceso a cualquier red social mientras permanezca en prisión.
El hombre figura como investigado por los presuntos delitos de organización criminal destinada a la movilización e incitación a nivel nacional de terceros para cometer desórdenes públicos graves, robos con fuerza en establecimientos mercantiles y daños dolosos a mobiliario público y a propiedad privada, sin perjuicio de la calificación que pueda resultar del avance de la instrucción. La prisión provisional está regulada en los artículos 502 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exigen fines como evitar la fuga, la destrucción de pruebas o la reiteración delictiva para acordarla.
El uso de canales cifrados para coordinar actividad delictiva ha aparecido en otros procedimientos recientes, como el que relaciona varias siglas con la red del Movimiento Socialista. En el caso de Blocus, la investigación sigue abierta y los hechos quedan pendientes de la calificación definitiva que resulte de la instrucción.
