Según sostiene el Ministerio Público, el procesado recibía de sus clientes las cantidades correspondientes a reservas de viajes y, en determinados casos, no las introducía en la plataforma oficial de gestión utilizada para tramitar las operaciones. En lugar de destinar ese dinero a formalizar los servicios contratados, el acusado se habría quedado presuntamente con los importes entregados, según la tesis de la acusación.
La causa recoge operaciones de distinta naturaleza y destino. Entre los importes que figuran expresamente en el escrito de acusación destaca un pago de 3.688,41 euros vinculado a la reserva, después cancelada, de un crucero de la naviera MSC, cuya devolución se reclama dentro del procedimiento judicial.
Otro de los episodios investigados afecta a una familia que había contratado un viaje a Estambul por 1.500 euros. El viaje habría sido cancelado y, según la Fiscalía, esa cantidad nunca se devolvió a los afectados, que quedan integrados en la lista de perjudicados. Un tercer caso se refiere a la contratación de dos billetes de avión con destino a Maldivas, presuntamente operados por Etihad Airways, por los que un cliente habría abonado otros 1.500 euros; según sostiene el Ministerio Público, esos billetes nunca llegaron a emitirse pese al pago realizado.
A estas tres operaciones detalladas con cifras concretas se suman otras reservas de cruceros y vuelos con destinos como Valencia, Santorini y Málaga, que la Fiscalía incorpora al mismo procedimiento. La variedad de destinos lleva al Ministerio Público a considerar que no se trata de un episodio aislado, sino de una dinámica repetida durante varios meses.
El Ministerio Público encuadra los hechos como un presunto delito continuado de apropiación indebida, en aplicación de los artículos 253.1 y 74 del Código Penal, que permiten unificar en una sola causa varias acciones similares cometidas de forma reiterada contra distintas víctimas dentro de un mismo plan. La apropiación indebida se castiga con penas de prisión de seis meses a tres años cuando el perjuicio supera los 400 euros, márgenes dentro de los que se sitúa la petición fiscal.
Además de la pena de dos años de prisión, la Fiscalía reclama que se ordene la devolución de las cantidades presuntamente apropiadas a los diferentes afectados. La petición del Ministerio Público constituye su posición dentro de la causa y no equivale a una condena: corresponderá a la autoridad judicial competente valorar las pruebas practicadas durante el juicio y decidir si las acusaciones quedan acreditadas.
Las estafas y apropiaciones vinculadas a servicios turísticos no son nuevas en el archipiélago: el sector, motor económico de Baleares, ha registrado en los últimos años causas por reservas y empadronamientos irregulares, como la reciente red desarticulada por la Guardia Civil en Burriana por empadramientos ilegales, que ilustran la actividad de las fiscalías en fraudes de consumo.
El procesado, que estuvo al frente de la franquicia balear de la agencia durante el periodo investigado, mantiene la presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme. El procedimiento judicial deberá determinar ahora si los hechos se produjeron en los términos expuestos por la Fiscalía y si existen elementos suficientes para fundamentar una eventual responsabilidad penal.
