Conde arranca su argumento con una cifra demográfica: España habría pasado de 40 a casi 50 millones de habitantes en un periodo de tiempo que no precisa, un ritmo que, sostiene, no se ha visto acompañado por un aumento proporcional del parque de viviendas. A ese crecimiento poblacional suma otro factor de presión sobre el mercado: los 100 millones de turistas que, según sus cifras, recibe España cada año, una afluencia que compite por el mismo stock habitacional en determinadas zonas.
El mecanismo que describe es el clásico de oferta y demanda, pero con un matiz que atribuye directamente al propietario: «El propietario es consciente de que su casa vale más y, si vale más, quiere tener la rentabilidad adecuada al valor real nuevo de la propiedad», señaló, explicando así la escalada simultánea de precios de compra y alquiler.
El dato central de su intervención es la magnitud del déficit habitacional. Conde sitúa en 750.000 viviendas el desfase registrado en 2025 y advierte de que, al ritmo actual, esa cifra rondaría ya el millón. Es sobre esa base numérica donde construye su previsión más alarmista.
«En la construcción tradicional se tardan 18 meses y no tenemos tiempo, señores, no tenemos tiempo porque en el año 2025 ya teníamos un déficit de 750.000 viviendas y estaremos en este momento, probablemente, en un millón, y como sigamos así, y no abordemos el problema, dentro de dos o tres años vamos a tener una explosión social grave», afirmó Mario Conde, exbanquero y expresidente de Banesto.
El exbanquero, que presidió Banesto hasta su intervención por parte del Banco de España en 1993 y que cumplió condena por delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad documental, ha ido recuperando protagonismo público a través de sus redes sociales, donde combina análisis económico con posicionamiento político. El problema de la vivienda es uno de los asuntos sobre los que más ha insistido en sus intervenciones recientes.
La magnitud del desequilibrio que describe no es ajena a los registros oficiales. El Banco de España ha estimado en informes recientes un déficit acumulado de centenares de miles de viviendas frente a la creación de nuevos hogares, mientras los visados de obra nueva permanecen muy por debajo de los niveles previos a la crisis de 2008, cuando el sector llegó a visar más de 800.000 viviendas en un solo año antes del desplome inmobiliario.
Burocracia municipal y autonómica como obstáculo
Para Conde, la solución pasa por dos vías simultáneas: aumentar el número de viviendas construidas, tanto en propiedad como en alquiler, y controlar el crecimiento poblacional. Pero el obstáculo principal, insiste, es administrativo antes que técnico. Describe un entramado de licencias municipales y autonómicas que ralentiza cualquier promoción.
«Los ayuntamientos y las comunidades ponen una cantidad de trabas, de licencia, retrasan… Es un lío. Hay que crear una ley que ponga todo eso. Déjense de determinadas burocracias porque está en juego la supervivencia de la población», sostuvo Mario Conde.
El entramado que describe tiene raíz competencial: la ordenación del territorio y el urbanismo corresponden a las comunidades autónomas, mientras la concesión de licencias de obra recae en los ayuntamientos, lo que multiplica los trámites para una misma promoción. La propuesta técnica que plantea para ganar tiempo frente a ese déficit es la construcción industrializada: frente a los 18 meses que exige el método convencional, las viviendas prefabricadas podrían levantarse en 6 meses, según sus cálculos, lo que permitiría absorber parte del retraso acumulado sin esperar a que la vía legislativa resuelva los cuellos de botella.
Un mensaje directo al Gobierno sobre el papel del Estado
La parte más política de su intervención se dirige al Ejecutivo y a su estrategia regulatoria sobre el mercado de la vivienda, en un momento en que el debate ha estado marcado por la aplicación de la Ley de Vivienda de 2023 y por medidas de contención del alquiler, en paralelo a la polémica sobre si el PP acusa al Gobierno de reservar los decretos de vivienda para usarlos en campaña.
Conde rechaza que la vía de solución pase por endurecer la presión regulatoria sobre propietarios y promotores. Su diagnóstico traslada la responsabilidad de la vivienda social al Estado, no al sector privado, al que atribuye un papel productivo que considera incompatible con funciones asistenciales.
«Si queremos solventar el problema de la vivienda, atacando al empresario y atacando al propietario estamos equivocados», sostuvo Mario Conde.
El exbanquero matiza, no obstante, que existen colectivos vulnerables que requieren atención específica, aunque insiste en que esa cobertura corresponde a las arcas públicas y no a la iniciativa privada. «La economía privada no tiene que solventar el problema de las clases necesitadas», afirmó, antes de reclamar al Ejecutivo que no traslade esa carga al sector: «No conviertas al empresario y al propietario en un sustituto de la función del Estado».
