El informe sitúa el cambio de rumbo en seguridad como telón de fondo de sus observaciones. Guterres recuerda que "el nuevo gobierno es el tercero que hereda las instituciones, compromisos y avances del Acuerdo de Paz", una continuidad institucional que, según el documento, no se ha traducido todavía en una hoja de ruta explícita para la fase que viene. Es el primer balance de la ONU sobre la Administración De la Espriella, llegado al poder tras una transición democrática pacífica.
El secretario general sostiene que, aunque el Ejecutivo colombiano "aún no ha detallado el enfoque para su implementación, el ejecutivo ha manifestado su intención de cumplir con la Constitución y las obligaciones jurídicas del Acuerdo". Es la fórmula con la que la ONU reconoce voluntad política sin certificar aún un plan concreto, tras el giro con el que De la Espriella puso fin en agosto a los diálogos abiertos por Petro.
Guterres enmarca su advertencia en una ventana temporal que considera crítica. "Los próximos años serán decisivos para consolidar los avances logrados hasta la fecha y aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan", señala el informe. El secretario general vincula además la implementación del pacto con los objetivos declarados del Gobierno: puede convertirse, según el texto, en una herramienta clave para "el logro de varias prioridades del Gobierno, como la reducción de la violencia y la ampliación de la presencia del Estado".
El documento destaca como uno de sus hitos la permanencia en el proceso de reincorporación de más de 11.000 excombatientes de las FARC-EP, una cifra que la Misión atribuye a los "esfuerzos sostenidos de las instituciones nacionales y locales y de las comunidades". Subraya que las garantías de seguridad para esta población y las oportunidades socioeconómicas son factores fundamentales para que ese proceso se consolide.
Ese balance convive con un deterioro que la propia Misión documenta con cifras concretas. Guterres advierte de que "la inseguridad en las regiones afectadas por el conflicto y la violencia contra líderes sociales, comunidades étnicas y excombatientes siguen siendo motivo de gran preocupación".
"Tanto la resiliencia de las instituciones y la sociedad colombianas como la continua importancia del Acuerdo Final de Paz para promover la seguridad, el desarrollo y la estabilización territorial", António Guterres, secretario general de Naciones Unidas.
13 exguerrilleros muertos en 2026
En el periodo verificado, la Misión confirmó el asesinato de ocho excombatientes de las FARC-EP, lo que eleva a 13 el número de exguerrilleros muertos en lo que va de 2026. El informe matiza que la violencia letal se mantiene por debajo de los niveles de años anteriores, pero añade un dato en sentido contrario: los intentos de homicidio contra esta población han pasado de cinco en 2025 a 15 en lo que va de 2026, según la propia Misión.
El acumulado desde la firma del Acuerdo, hace una década, agrava la lectura del trimestre. La Misión de Verificación ha confirmado 501 asesinatos de excombatientes desde 2016, junto con 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas. El Acuerdo Final, suscrito en noviembre de 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, puso fin a más de medio siglo de conflicto armado y creó la Misión de la ONU para supervisar su cumplimiento.
El reclutamiento de menores por parte de grupos armados añade otra capa al diagnóstico. La Defensoría del Pueblo colombiana ha documentado 1.173 casos entre 2024 y julio de 2026, un fenómeno que el informe vincula con la persistencia de estructuras armadas en zonas donde el Estado no ha consolidado su presencia, pese a ser uno de los objetivos que el Gobierno de De la Espriella ha dicho perseguir.
La crisis humanitaria derivada de esa inseguridad queda recogida en cifras de otro organismo de Naciones Unidas. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre el 27 de junio y el 30 de agosto de 2026 fueron desplazadas 5.600 personas y otras 4.400 permanecieron confinadas en 15 municipios de siete departamentos, una fotografía que confirma que el desplazamiento forzado sigue activo una década después del pacto.
La violencia contra defensores de derechos humanos completa el cuadro. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 40 denuncias de asesinatos de líderes sociales en 17 departamentos entre el 27 de junio y el 26 de septiembre, un indicador que el informe presenta como síntoma de la fragilidad que persiste para quienes defienden derechos de comunidades vulnerables en zonas rurales.
El giro de agosto de De la Espriella
El cambio de rumbo colombiano se inscribe en un contexto regional de retrocesos en la seguridad: Marruecos y otros actores ensayan nuevas capacidades militares, como el dron Irifi con alcance de 2.000 kilómetros, mientras en Colombia la apuesta por la fuerza sustituye al modelo de negociación. De la Espriella cerró formalmente en agosto los diálogos con grupos armados heredados de Petro.
Naciones Unidas insiste, pese a ese viraje, en que la implementación plena del Acuerdo de 2016 sigue siendo de "continua importancia" para la estabilización del país. El informe de Guterres se somete al examen periódico del Consejo de Seguridad, que renueva el mandato de la Misión de Verificación y seguirá el desarrollo de la nueva etapa política colombiana.
