La investigación arrancó hace meses a raíz de las denuncias presentadas por varios vecinos de Burriana, que alertaron a los agentes de que en sus propias viviendas figuraban empadronadas personas a las que no conocían de nada, según el Instituto Armado.
Una de las principales integrantes del grupo estaba vinculada a una inmobiliaria de la localidad, circunstancia que habría aprovechado para hacerse con datos de clientes y confeccionar contratos de arrendamiento falsos, según la misma fuente. Esos documentos se revendían después a ciudadanos extranjeros no comunitarios para que pudieran figurar empadronados en el municipio castellonense sin residir realmente allí.
Las pesquisas de la Guardia Civil de Burriana han relacionado y acreditado la «participación directa» de los cuatro detenidos en un total de 36 delitos, según el Instituto Armado. El empadronamiento, trámite administrativo que da acceso a servicios como la sanidad pública o la escolarización, exige acreditar la residencia efectiva en el domicilio declarado, requisito que estas inscripciones habrían eludido mediante la falsificación documental.
El caso guarda paralelismos con otro desarticulado en diciembre de 2025 en Gandía (Valencia), donde la Policía Nacional detuvo a cinco personas de entre 28 y 47 años —dos varones marroquíes, un español y dos mujeres, boliviana y española— por, presuntamente, obtener datos personales y falsificar documentos para empadronar de forma masiva a extranjeros a cambio de dinero. Aquella investigación constató el empadronamiento irregular de al menos 127 personas, que habrían pagado entre 200 y 1.000 euros, con víctimas de edad avanzada propietarias de las viviendas utilizadas.
Antecedente en La Alcudia en 2024
Un patrón similar se detectó en mayo de 2024 en La Alcudia (Ribera Alta), donde la Policía Nacional detuvo a diez varones de origen español, marroquí y argelino como presuntos autores de un delito de falsedad documental por la venta de inscripciones fraudulentas en el padrón municipal, con pagos de entre 150 y 300 euros por empadronamiento. En una sola vivienda llegaron a figurar empadronadas hasta 38 personas a la vez; en el momento de la intervención policial eran 26.
La reiteración de estas tramas en la Comunidad Valenciana en apenas dos años apunta a un modus operandi común: el acceso a datos personales, habitualmente desde el sector inmobiliario, y la falsificación de contratos de arrendamiento como puerta de entrada al padrón. Un esquema análogo al de otros fraudes documentales recientes, como el que llevó a un juzgado de Barcelona a condenar a un banco a devolver 900.000 euros por una suplantación.
La causa abierta en Burriana se encuentra en fase de instrucción, con los cuatro detenidos investigados por los delitos señalados, sin que hayan trascendido su nacionalidad ni su edad.
