La investigación sobre Gómez se suma a otros frentes judiciales que rodean al entorno del Ejecutivo durante esta legislatura, en un momento en que Sánchez gobierna con una mayoría parlamentaria fragmentada y dependiente de socios cuyo apoyo ha oscilado según la coyuntura. El asunto se enmarca en una tensión creciente entre el Gobierno y parte de la judicatura, con un discurso más beligerante desde ámbitos del Ejecutivo hacia jueces y tribunales, presentado por sus impulsores como respuesta a lo que consideran un uso político de los procedimientos.
El marco constitucional atribuye al presidente del Gobierno la facultad de disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas, una prerrogativa recogida en el artículo 115 de la Constitución que exige la previa deliberación del Consejo de Ministros. Esa facultad se ha utilizado en distintas ocasiones desde la Transición, con adelantos motivados por crisis de gobernabilidad, mociones de censura o resultados adversos en comicios previos.
El propio Sánchez convocó elecciones anticipadas en 2023, tras el resultado del PSOE en las municipales y autonómicas del 28 de mayo de aquel año. La diferencia ahora sería que el factor determinante no radicaría en un resultado electoral previo, sino en el desenlace de una causa que afecta directamente a su círculo familiar.
La oposición ha mantenido una posición crítica frente a la gestión judicial del Ejecutivo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en distintas comparecencias en la necesidad de que el Gobierno respete la independencia judicial, en línea con las propuestas de su partido sobre el funcionamiento del Estado, como la que planteó al prometer cerrar España "a cal y canto" frente a la inmigración irregular.
El caso Gómez coincide en el tiempo con otras decisiones del Ejecutivo que han generado controversia, como el reciente plan de inteligencia artificial presentado por Sánchez, cuestionado por la falta de actividad de los comités anunciados. A ello se han sumado episodios que han alimentado la percepción de distancia con determinadas demandas sociales, como la comitiva presidencial que se desplazó a Gavá mientras Ceuta se manifestaba cincuenta días después de un episodio que generó malestar en la ciudad autónoma.
La incógnita sobre el momento del eventual adelanto permanece abierta mientras la causa contra Begoña Gómez continúa su tramitación judicial, sin que se haya fijado una fecha para la disolución de las Cortes.
