Las estimaciones de consenso recogidas en el informe apuntan a un crecimiento anual de beneficios de alrededor del 20% entre 2026 y 2028 para las empresas aeroespaciales y de defensa europeas, una cifra que los autores describen como «sustancialmente por encima» del comportamiento esperado para el mercado bursátil europeo en su conjunto. El texto atribuye la reciente consolidación de valoraciones en el sector principalmente a la expansión de múltiplos bursátiles, más que a un deterioro de las perspectivas de negocio subyacentes.
El análisis llega cuando los compromisos presupuestarios de la OTAN y de la Unión Europea empiezan a traducirse en cifras concretas para las cotizadas. La Alianza Atlántica acordó elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB de aquí a 2035, mientras Bruselas ha puesto en marcha el marco «Readiness 2030» para reforzar la base industrial europea, una apuesta que se suma a iniciativas recientes como la propuesta de una flota de rompehielos y un centro de cables para el Ártico o el refuerzo de la capacidad de despliegue de Frontex, que Bruselas quiere capaz de movilizarse «en cuestión de horas».
El fenómeno no es solo financiero. El informe de DWS enmarca el repunte del gasto militar en lo que define como una transformación profunda en la naturaleza misma de la guerra, acelerada por los conflictos en Europa del Este y Oriente Próximo. Los sistemas autónomos y los drones de bajo coste, señala el documento, han introducido una asimetría de costes frente a los tradicionales misiles interceptores, mucho más caros de producir y desplegar.
Esa transformación tecnológica está ampliando el universo de la industria de defensa mucho más allá de los fabricantes clásicos de armamento y plataformas. El documento identifica un ecosistema creciente de «doble uso» que integra inteligencia artificial, ciberseguridad, semiconductores, infraestructura satelital, sistemas de comunicaciones y fabricación avanzada, sectores en los que convergen aplicaciones civiles y militares bajo un mismo paraguas de inversión.
Tierras raras y circuitos integrados como cuello de botella
Esta ampliación del perímetro del sector coincide con la constatación, recogida también en el informe, de vulnerabilidades significativas en las cadenas de suministro globales que los conflictos recientes han dejado al descubierto. Entre ellas, el documento cita de forma explícita los circuitos integrados avanzados y los elementos de tierras raras, materiales críticos cuya disponibilidad condiciona tanto la producción de armamento como buena parte de la electrónica de consumo y la industria digital.
La dependencia de estos materiales no es nueva, pero ha adquirido una dimensión estratégica distinta desde que la competencia entre bloques se trasladó también al terreno de los insumos industriales. España ha visto en este contexto un impulso notable para su propia industria: el sector de defensa y aeronáutica nacional facturó más de 18.000 millones de euros en 2025, un máximo histórico, según datos recogidos por el propio sector.
El informe de DWS advierte, sin embargo, de que las perspectivas favorables dependen de un factor que escapa al control de las compañías: el apoyo político sostenido a un mayor gasto en defensa. Los autores señalan que las presiones fiscales sobre los presupuestos nacionales, los cambios en las prioridades de los gobiernos o eventuales modificaciones en los compromisos de defensa asumidos por los Estados podrían alterar el ritmo de ejecución del gasto previsto.
Esa advertencia cobra relevancia en un contexto europeo en el que la gestión del rearme se ha convertido en un asunto de gobernanza compartida entre capitales nacionales e instituciones comunitarias. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, reclamó en foros recientes que la Unión Europea actúe con «fuerza, recursos y unidad» para dejar de limitarse a reaccionar ante los acontecimientos, una idea que conecta con el argumento central del informe: que el gasto militar ha dejado de ser una partida cíclica para convertirse en una prioridad política estructural.
El viraje del veto ESG hacia la defensa
El documento apunta también a un cambio de fondo en el debate sobre inversión sostenible, conocido por sus siglas ESG. Durante años, buena parte de los fondos que incorporaban criterios ambientales, sociales y de gobernanza excluían de forma sistemática a las compañías de defensa de sus carteras. El informe de DWS describe una evolución hacia un enfoque «más pragmático», en el que la defensa y la ciberseguridad empiezan a entenderse como un requisito previo para proteger la estabilidad social, democrática y económica a largo plazo.
Ese cambio, de generalizarse entre los grandes gestores de activos europeos, tendría implicaciones directas sobre el volumen de capital disponible para el sector, al abrir la puerta a fondos que hasta ahora mantenían vetada la inversión en compañías armamentísticas. El propio informe señala que ya se observa una exposición creciente de los fondos europeos hacia este tipo de activos.
El trasfondo geopolítico remite a una ruptura con el orden de la posguerra fría, cuando los llamados dividendos de la paz permitieron a buena parte de Europa reducir su gasto militar durante tres décadas tras la caída del Muro de Berlín en 1989. La invasión rusa de Ucrania en 2022 marcó un punto de inflexión que los mercados financieros, según refleja el análisis, siguen digiriendo, con un horizonte de inversión que las gestoras sitúan ya más allá de 2030.
El documento de DWS resume la lógica que ha llevado al sector hasta este punto al enmarcar el gasto militar en un contexto de «competencia estratégica, incertidumbre geopolítica y crecientes preocupaciones sobre la soberanía económica y tecnológica», una descripción que, según los autores, explica por qué los gobiernos europeos tratan ya la defensa como un compromiso de largo plazo antes que como una cifra sujeta a los vaivenes anuales de cada presupuesto nacional.
