La propuesta contempla competencias para la agencia europea de fronteras en materia de vigilancia de redes sociales, con el objetivo de anticipar movimientos organizados hacia puntos concretos de la frontera exterior de la Unión, como los registrados en Ceuta y Melilla en la última década. La detección temprana de rutas por canales digitales busca sustituir la respuesta puramente reactiva en el terreno por una coordinación de inteligencia entre agencias nacionales y comunitarias.
La condición que acompaña a la nueva Fuerza de Reacción Rápida resulta determinante: su activación depende de que el Estado miembro afectado la solicite expresamente, lo que mantiene la soberanía nacional sobre el control de fronteras, uno de los puntos más sensibles de las negociaciones migratorias europeas desde la crisis de refugiados de 2015, cuando más de un millón de personas llegaron a la UE.
Entre las funciones reforzadas figura también la agilización de los procedimientos de retorno de migrantes en situación irregular, un asunto que genera fricciones entre los Estados miembros por las diferencias en los acuerdos de readmisión con terceros países de origen y tránsito.
El Consejo Europeo ya reconoció la «situación específica» de Ceuta y Melilla como frontera africana, un estatus que España reclamaba desde hace años para obtener un tratamiento diferenciado dentro del Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya aplicación progresiva arranca en 2026.
Frontex, creada en 2004, ha sido reforzada sucesivamente tras episodios en Lampedusa y Lesbos y, de forma señalada, tras la crisis de la frontera hispano-marroquí de mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas cruzaron a Ceuta en pocos días ante la pasividad de las autoridades marroquíes. Aquel episodio expuso los límites de la capacidad de respuesta rápida de la agencia, ahora en el centro del rediseño.
El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, António Costa, reclamó semanas atrás «fuerza, recursos y unidad» a la UE para dejar de solo reaccionar ante los desafíos externos, un planteamiento que encaja con el refuerzo que la Comisión atribuye ahora a Frontex.
El Gobierno de Ceuta cifra en 45 millones de euros el coste extraordinario de la última crisis migratoria para atender servicios básicos y reclama que esa factura sea asumida, al menos en parte, por fondos comunitarios. Bruselas perfila mientras tanto el alcance definitivo de las nuevas competencias de la agencia.