La frontera que meses atrás vio cruzar a miles de personas hacia España muestra ahora el movimiento inverso: decenas de ciudadanos marroquíes regresan voluntariamente al país vecino tras constatar que no existe vía legal para permanecer en territorio español. Los retornos se han intensificado en el último mes por las batidas policiales en playas, donde se han desmantelado todos los asentamientos, y en viviendas de la ciudad que acogían a inmigrantes de forma irregular a cambio de diez euros diarios. Hace una semana, los agentes localizaron un inmueble en el barrio del Príncipe donde se hacinaban 74 personas.
"Estos nacionales se están dando cuenta de que no van a conseguir asilo y de que no existe una fórmula legal para quedarse", señala un mando policial con amplia experiencia en la ciudad autónoma, que atribuye el repunte de retornos también al agotamiento de la capacidad económica de los migrantes para costear su alojamiento. La mayoría evita identificarse ante las autoridades, conscientes de que un expediente de expulsión conlleva la prohibición de entrada al país durante varios años. Quienes aceptan ser trasladados ingresan en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros y tramitan después su solicitud de asilo, aunque fuentes policiales advierten de que el desenlace habitual será la denegación y la deportación, dado que Marruecos figura como país seguro para la Unión Europea.
Según los últimos datos del Gobierno, 7.477 personas permanecen acogidas en recursos oficiales a la espera de que se resuelvan sus solicitudes de protección internacional, que en la mayoría de los casos —salvo ciertos nacionales subsaharianos— terminarán en resolución negativa. Muchos de ellos ya han optado por el retorno voluntario antes de agotar el procedimiento.
El foco de mayor preocupación para el Gobierno de Ceuta recae sobre los menores no acompañados. Tras las operaciones policiales de localización y filiación, los 17 recursos de protección de la ciudad autónoma acogen a 3.619 menores extranjeros, una cifra que multiplica por 125 la capacidad ordinaria del sistema.
El artículo 35 y el bloqueo con Marruecos
La legislación de extranjería atribuye automáticamente la tutela de los menores no acompañados a la comunidad autónoma donde son localizados, que debe estudiar caso por caso su situación. El artículo 35 de esa misma norma establece que cuando la ocupación de los recursos supera el 150% de su capacidad, los menores deben redistribuirse entre otras comunidades. En Ceuta ese porcentaje alcanza el 12.380%, según los datos del Gobierno ceutí.
La ministra de Juventud, Sira Rego, ha fijado la posición del Ejecutivo sobre la permanencia de los menores en España:
"Si quiere quedarse en España lo hace, porque así lo establece la legislación", señaló la ministra de Juventud, Sira Rego.
La postura choca con la negativa de Marruecos a facilitar los retornos de los primeros menores que las autoridades españolas daban por listos para repatriar, lo que ha dejado el proceso encallado en lo que fuentes policiales definen como "un nudo legal" sin salida inmediata. El bloqueo se enmarca en la judicialización creciente de decisiones de gestión pública, como la que motivó la denuncia penal de la Comunidad de Madrid contra el exdelegado del Gobierno por no desalojar Sol.
Algunos ciudadanos marroquíes optan por no rendirse: según relatan agentes destinados en la frontera, un número reducido intenta permanecer oculto en la ciudad para cruzar después a la Península mediante el pago a redes de tráfico de personas, o busca arraigo laboral con el que regularizar su situación meses más tarde. La escena recuerda al cierre fronterizo de 2021, cuando el enfriamiento de las relaciones con Marruecos dejó bloqueada la situación de miles de migrantes en Ceuta.
"Eso ocurrió mucho en 2021, cuando se cerró la frontera. Pasó el tiempo y muchos pudieron quedarse…", recuerda un agente de la Policía.
