Endesa e Iberdrola, las grandes propietarias del parque nuclear español, venían reclamando desde hace meses una extensión de la vida útil de las centrales, pero sin concretar qué instalaciones debían beneficiarse. El miércoles, el máximo responsable de la segunda eléctrica por número de clientes rompió esa ambigüedad y puso nombre a los reactores: Almaraz, Ascó y Vandellós.
La puerta a este debate se abrió en agosto de 2026, cuando se acordó extender la vida útil de Almaraz hasta 2030. Para Armani, ese acuerdo cambia "solo por unos pocos años" la extensión del reactor extremeño, pero tiene un valor distinto: establece, según sus palabras, "algunos de los pilares clave para una evaluación futura" del resto del parque. El directivo fue explícito sobre su alcance al defender que esos elementos "preparan claramente el terreno para una revisión de todo el parque nuclear en España".
Armani situó la discusión en un horizonte concreto al señalar que el próximo año formará parte del debate con las instituciones, una referencia que traslada la decisión al Gobierno que resulte de las elecciones generales. El plan vigente condena las centrales a apagarse por tramos a lo largo de la próxima década, de modo que reabrir el calendario de Ascó y Vandellós obliga a los partidos a posicionarse sobre una tecnología que aporta una parte relevante de la electricidad del país.
El razonamiento de Endesa se apoya en tres argumentos. El primero es técnico: la nuclear aporta "capacidad firme" a un sistema eléctrico con un peso creciente de renovables intermitentes, un atributo que la compañía califica de "estratégicamente necesario". El segundo es de mercado: esa producción está, en palabras del directivo, "menos expuesta a la volatilidad" de los precios mayoristas. El tercero juega en sentido contrario: Armani reconoció la "enorme carga impositiva" que soporta la tecnología en España.
Un beneficio de 1.962 millones hasta septiembre
La petición llega respaldada por un balance robusto. Endesa alcanzó un beneficio neto de 1.962 millones de euros entre enero y septiembre, un 15% más que en el mismo periodo de 2025, mientras el resultado bruto de explotación creció un 8%, hasta 4.577 millones, según las cuentas difundidas por la propia compañía. El grupo confirmó su previsión de superar los 2.400 millones de beneficio ordinario neto en el conjunto del ejercicio. Los negocios regulados —redes y generación extrapeninsular— aportan ya cerca de la mitad del ebitda, frente al 40% del ejercicio anterior, y las inversiones brutas crecieron un 19%, hasta 1.622 millones.
Una partida concreta conecta la seguridad del sistema con el recibo eléctrico: los costes de servicios auxiliares, derivados del refuerzo operativo tras el apagón del 28 de abril de 2025, superaban los 4.000 millones de euros a finales de septiembre, con una previsión de cierre anual entre 5.500 y 6.000 millones, según la compañía. Es la cifra que sostiene la insistencia de Armani en vincular "capacidad firme" y precio de la luz en el mismo argumento.
Cualquier revisión del resto del parque nuclear tendría que atravesar el mismo trámite que ya siguió Almaraz: informes técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, pronunciamientos sobre la seguridad de las instalaciones y una negociación posterior entre las propietarias y el Ministerio para la Transición Ecológica. Ese procedimiento no depende del calendario electoral, aunque condiciona por completo el resultado final de cualquier prórroga.
Endesa no limitó sus objeciones al ámbito nuclear. La compañía considera que los últimos cambios introducidos en la propuesta de real decreto para regular los centros de datos resultan insuficientes para eliminar las barreras a la inversión, y advierte de que la versión remitida al Consejo de Estado "podría suponer la ralentización del desarrollo de centros de datos en España y limitar en última instancia parte del crecimiento de la demanda de electricidad", un argumento que encaja con su tesis sobre la necesidad de respaldo firme en el sistema.
El grupo mantiene además su plan de ajuste laboral, con 230 salidas voluntarias previstas hasta 2029, y prepara un nuevo plan estratégico que verá la luz en febrero de 2027, ya con el nuevo ciclo político en marcha y con la incógnita nuclear todavía encima de la mesa.
