El origen judicial del escándalo se remonta a finales de 2022, cuando la Fiscalía Federal de Bélgica destapó una presunta estructura dedicada a entregar dinero y otras ventajas a eurodiputados y personas vinculadas a las instituciones comunitarias. Durante los registros, las autoridades belgas intervinieron más de 1,5 millones de euros en efectivo, parte de ellos localizados en bolsas y maletas, según trascendió de las diligencias.
El nombre que centró buena parte de las pesquisas fue el del ex eurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri, junto a varios colaboradores de su entorno. Las investigaciones belgas exploraron también posibles conexiones entre integrantes de la trama y personas vinculadas a la diplomacia y los servicios de inteligencia marroquíes.
Sáhara Occidental, resoluciones y pesca
Los presuntos intentos de influencia habrían tenido como objetivo asuntos de máxima sensibilidad para Marruecos en su relación con Bruselas. Entre ellos figuraban la posición europea sobre el Sáhara Occidental, las resoluciones relativas a derechos humanos y libertad de prensa, y las relaciones comerciales bilaterales, particularmente en los sectores agrícola y pesquero, dos pilares de la economía marroquí que dependen del acceso al mercado europeo.
La magnitud del caso provocó una reacción notable dentro del Parlamento Europeo. Además de las actuaciones judiciales contra varios políticos señalados, la Eurocámara aprobó resoluciones críticas con Marruecos y restringió temporalmente el acceso de representantes marroquíes a sus instalaciones mientras avanzaban las pesquisas, una medida excepcional en la institución.
La Unión Europea, que basa su funcionamiento en la confianza entre socios y en la transparencia de sus representantes electos, se vio obligada a revisar sus mecanismos internos de control tras la revelación del caso. El episodio conecta con la percepción de fondo de la ciudadanía europea sobre el estado de sus instituciones: el 68% de los europeos ve el continente en decadencia, según el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR).
El papel del CNI y Moncloa
Según la información publicada por Libertad Digital, los documentos elaborados por el CNI y remitidos al Gobierno recogían la evolución de las pesquisas judiciales y las sospechas sobre la actuación de Marruecos en el entramado europeo. El Centro Nacional de Inteligencia tiene entre sus funciones legales, recogidas en la Ley 11/2002 reguladora del CNI, la de informar al Gobierno sobre amenazas a los intereses nacionales, incluidas las operaciones de influencia de terceros Estados.
El asunto adquiere una dimensión añadida por el contexto de las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. En 2021 se conoció que los teléfonos de Pedro Sánchez y de varios miembros de su Gobierno habían sido infectados mediante el programa de espionaje Pegasus, un episodio que puso bajo escrutinio las cuestiones de inteligencia y seguridad vinculadas a la relación con Rabat.
La relación entre Madrid y Rabat ha oscilado en la última década entre la cooperación estrecha en materia migratoria y de seguridad, y episodios de fricción por el Sáhara Occidental, Ceuta y Melilla o el reparto de aguas compartidas. El giro de España en marzo de 2022 hacia el respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara, que sustituyó a décadas de posición ambigua, reconfiguró buena parte de esa relación y coincidió temporalmente con el estallido judicial del caso en Bruselas.
El Parlamento Europeo aprobó en 2023 un código de conducta reforzado para sus miembros, en respuesta directa al escándalo, que incluye mayores exigencias de declaración de intereses y regalos recibidos de terceros países. La Eurocámara, que representa a los ciudadanos de los 27 Estados miembros, había carecido hasta entonces de mecanismos de control comparables a los de otros parlamentos nacionales europeos para prevenir el lobby extranjero encubierto.
El propio caso de Panzeri se ha convertido en el precedente de referencia sobre injerencia extranjera en instituciones europeas: el ex eurodiputado admitió ante la justicia belga su participación en la trama a cambio de una reducción de condena, y colaboró con los investigadores para identificar a otros implicados. Ese acuerdo de colaboración procesal permitió a la Fiscalía belga avanzar en las ramificaciones del caso hacia otros países.
El escándalo se enmarca en un contexto europeo de mayor sensibilidad hacia la injerencia de terceros Estados, en paralelo a otros debates sobre control de fronteras que también afectan a la relación con Marruecos. Frontex cifra en 74.000 las entradas irregulares a la UE hasta agosto, un 35% menos que en el mismo periodo del año anterior.
La información publicada sitúa así el 'Moroccogate' como uno de los principales episodios de presunta injerencia extranjera en las instituciones de la Unión Europea de los últimos años., los informes trasladados al Ejecutivo español recogían precisamente la evolución de las pesquisas y las sospechas sobre la actuación de Rabat en Bruselas.
