Los hechos se remontan al pasado mes de septiembre en la capital balear. Según las averiguaciones policiales, la mujer aprovechó el acceso a una tableta electrónica propiedad de su pareja para entrar en el perfil personal de este en una red social, sin que el afectado hubiera dado su autorización.
Una vez dentro del perfil, la investigada habría descubierto que su compañero sentimental mantenía desde hacía varios meses una relación paralela con una amiga común. En lugar de limitar el asunto al ámbito privado, realizó capturas de pantalla de las conversaciones y las remitió a un familiar directo del hombre, lo que derivó en la denuncia que activó la investigación policial.
La instrucción recayó en el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro de la Policía Nacional, que practicó diversas comprobaciones técnicas para reconstruir el acceso al dispositivo y a la cuenta, establecer la trazabilidad de la difusión de las imágenes y confirmar la identidad de la responsable. Los agentes culminaron el operativo el jueves con el arresto formal de la mujer.
La conducta se enmarca en el artículo 197 del Código Penal, que castiga a quien, sin consentimiento, se apodera de datos o comunicaciones reservadas de otra persona, con pena agravada cuando además se difunden a terceros. El tipo no distingue entre desconocidos y personas con vínculo afectivo: la convivencia o la relación de pareja no eximen del requisito de autorización expresa para acceder a los dispositivos y cuentas ajenas.
El criterio ha sido reiterado por el Tribunal Supremo, que en sentencias de su Sala Segunda ha apreciado el delito de descubrimiento y revelación de secretos en accesos no consentidos a móviles y cuentas dentro del matrimonio o la pareja, descartando que el conocimiento previo de la contraseña o la confianza mutua impliquen consentimiento para entrar en las comunicaciones del otro.
La detenida permanece en condición de investigada, sin que conste procesamiento ni acusación formal en esta fase. Los agentes dieron por agotadas las diligencias antes de practicar el arresto, con el dispositivo examinado y la autoría de la difusión atribuida.
El caso llega en paralelo a otras investigaciones sobre vulneración de la intimidad digital que han alcanzado a los tribunales en los últimos meses, un terreno en el que la Policía Nacional ha intervenido con frecuencia a raíz de denuncias por acceso y difusión de conversaciones privadas, como en otras causas tramitadas por delitos contra la intimidad en Baleares.