El siguiente paso corresponde al ente comicial, que deberá verificar la autenticidad y validez de las firmas recolectadas antes de otorgar el reconocimiento legal a la nueva agrupación. Ese proceso de revisión, que en procesos anteriores de formación de partidos ha generado dudas sobre la objetividad del árbitro, se perfila como la prueba decisiva para que la iniciativa complete su recorrido institucional y para medir, en el mismo movimiento, la independencia del propio Tribunal.
El surgimiento de Vamos se produce en un contexto de desgaste del sistema de partidos tradicionales, alimentado por la permanencia prolongada de ciertos diputados en sus curules. Hay legisladores que acumulan más de treinta años de ejercicio continuo en el cargo, una circunstancia señalada por los impulsores de la coalición como ejemplo de la distancia entre la clase política y un electorado que renueva la representación cada cinco años.
Las modificaciones a la ley electoral aprobadas por el pleno incluyen una disposición que permite a una persona electa simultáneamente para dos cargos de elección popular conservar la titularidad de ambos: ejercer uno y solicitar licencia en el otro. La norma ha sido criticada porque, en la práctica, habilita a un funcionario a mantener dos curules o cargos en el papel aunque solo perciba un salario y ejerza una sola función a la vez.
El Código Electoral panameño permite a un ciudadano postularse a distintos cargos de elección popular en un mismo proceso, pero la regla general exige que, de resultar electo para más de uno, la persona opte por una curul y renuncie a la otra. La reforma relaja ese principio al mantener la titularidad formal de ambos cargos de manera simultánea, lo que los promotores de Vamos interpretan como una ventaja adicional para quienes ya ocupan posiciones de poder dentro del aparato legislativo.
A esa modificación se suma el incremento de los topes de financiamiento privado permitido para las campañas, en un sistema que ya combina aportes públicos y privados a los partidos. Las mismas reformas redujeron el plazo disponible para la recolección de firmas y elevaron la cantidad exigida a los movimientos independientes que buscan constituirse como partido, un cambio que endurece precisamente la vía que Vamos acaba de completar con más de 70 mil respaldos.
Reformas sin debate amplio en el pleno
El marco jurídico que regula estas decisiones no es inmune a la revisión posterior. Un análisis jurídico reciente advirtió que ninguna ley aprobada en Panamá está a salvo de inconstitucionalidad, un recordatorio de que las reformas electorales podrían terminar ante la Corte Suprema de Justicia si se presentan demandas en su contra. Esa posibilidad añade incertidumbre a un paquete normativo que, según sus críticos, se tramitó sin discusión suficiente.
La controversia por las reformas se produce en paralelo a otro foco de atención sobre el trabajo legislativo: el desempeño de la Comisión de Presupuesto durante las vistas presupuestarias, donde diputados han cuestionado con dureza a funcionarios que comparecen para sustentar sus partidas dentro del Presupuesto General del Estado. Ese ejercicio de fiscalización, pese a las objeciones sobre las formas empleadas por algunos legisladores, ha sido valorado como preferible a episodios previos en los que diputados enfrentaron investigaciones del Ministerio Público por corrupción, lavado de dinero o clientelismo.
La fiscalización del gasto público no se agota en el debate parlamentario. El contralor general ejerce un control directo sobre la ejecución presupuestaria a través del refrendo de los contratos estatales, una figura que en meses recientes cobró relevancia pública tras la devolución sin refrendo del contrato de $268.5 millones de Meduca, ejemplo del peso institucional de la Contraloría General frente a la contratación pública.
El contexto institucional en el que surge Vamos incluye cuestionamientos de otra naturaleza sobre el funcionamiento del Estado. Datos de la Contraloría General indican que tres de cada cuatro jueces del Órgano Judicial son eventuales, una condición que incide en la estabilidad e independencia del sistema de administración de justicia, el mismo que eventualmente tendría que resolver sobre la constitucionalidad de las reformas electorales.
Precedente de la fiscalización presupuestaria
El hito alcanzado por Vamos se inscribe en una tendencia más amplia de movimientos ciudadanos que buscan incidir en la vida pública al margen de los partidos tradicionales, en momentos en que organizaciones sociales denunciaron la existencia de una red de espionaje policial que la Policía Nacional confirmó operar mediante agentes encubiertos. Ese señalamiento se suma a otros reclamos sobre el Estado, como el hecho de que Panamá aún no ha ejecutado el Plan Nacional contra la delincuencia creado por la Ley 328 de 2022.
El reconocimiento oficial de un nuevo partido exige, además de la validación de firmas por parte del Tribunal Electoral, el cumplimiento de otros requisitos establecidos en el Código Electoral, entre ellos la representación territorial mínima y la presentación de estatutos y autoridades partidarias. Ese proceso administrativo, que no tiene plazos automáticos de resolución, determinará si la coalición logra inscribirse formalmente de cara a futuros procesos electorales.
La historia política panameña ofrece antecedentes de fuerzas nacidas fuera del bipartidismo tradicional que alteraron el tablero: el Partido Revolucionario Democrático, surgido en 1979 durante el régimen militar, y el Partido Panameñista, con raíces en el arnulfismo de las décadas centrales del siglo XX, marcaron por décadas la competencia electoral antes de que irrumpieran agrupaciones más recientes como Cambio Democrático. La aspiración de Vamos a constituirse en partido se mide contra esa larga competencia por el poder institucional.
El reto inmediato para la coalición será defender la validez de las firmas entregadas ante cualquier objeción que surja durante la revisión del ente comicial, en un escenario donde la credibilidad del propio Tribunal Electoral para actuar con independencia e imparcialidad ha sido señalada por los promotores como un factor determinante para el desenlace del trámite.