El Censo de Población de 2023 empadronó a 563,641 personas de 60 años y más, cifra que según el INEC llegaría a 690,666 este año y a 962,468 en 2035. De ese universo, el 43.4%, equivalente a 244,902 personas, estaba jubilado o pensionado al momento del censo, aunque con un ingreso promedio mensual por jubilación de $554.59. Un 13.1% vive con alguna discapacidad, solo el 38.5% cuenta con seguridad social y el 73.9% no es económicamente activo.
A esa radiografía demográfica se suma el aumento sostenido de diagnósticos de hipertensión, diabetes y dislipidemias, junto con una proporción considerable de la población que vive con obesidad. El panorama anticipa que la generación hoy joven podría llegar a la vejez con mayores niveles de dependencia si no se refuerzan la prevención y la atención temprana, y plantea la necesidad de revisar aspectos de educación, trabajo y discriminación por edad que limitan la permanencia de los mayores en la vida social y económica.
La abogada especialista en políticas públicas Shanntal Veiga sostiene que las cifras son preocupantes y que el país está "tarde, muy tarde en la construcción de políticas públicas que permitan envejecer con derechos y garantías".
"No está preparado, como en otros temas más, para enfrentar este cambio generacional que está llegando a las puertas de nuestras casas", afirmó Shanntal Veiga, abogada especialista en políticas públicas.
Veiga señala que existen leyes y decretos orientados a proteger al adulto mayor, en particular a quienes están en centros de cuidado, pero que quedan en letra muerta por falta de presupuesto. Apunta también la ausencia de métricas para medir el impacto de las inversiones en esta población y cuestiona el presupuesto que recibe el Ministerio de Desarrollo Social para una responsabilidad de ese tamaño, que incluye contar con personal especializado. Como referencia regional, menciona a Uruguay y Chile, países que han desarrollado servicios para el adulto mayor que reducen su dependencia total del Estado, con espacios de recreación y una economía plateada activa.
De la asistencia a la inclusión real
María Inés Castillo, exministra de Desarrollo Social y presidenta en Panamá de The Shift —plataforma que articula instituciones, gobierno, academia y empresa para adaptar las organizaciones al envejecimiento—, plantea pasar de la lógica asistencialista a una inclusión real de las personas mayores, reconociendo su potencial para emprendimientos y como mano de obra productiva en un país donde el bono demográfico tenderá a reducirse.
En Panamá, las mujeres se jubilan a los 57 años y los hombres a los 62, aunque la mayoría debe seguir trabajando porque la pensión que recibe no alcanza para sostenerse. Castillo plantea que las empresas deberían acompañar a sus empleados en la planificación financiera con enfoque de longevidad, de la misma forma en que invierten tiempo en su incorporación inicial.
"Ya no basta hablar de una jubilación para poder vivir esos años extras, vamos a tener que poder crear un patrimonio más allá. Si no nos preparamos, nuestra pensión no va a poder ser suficiente y vamos a tener personas mayores trabajando muchos más años", afirmó María Inés Castillo, presidenta en Panamá de The Shift.
El reclamo por políticas sostenidas no es nuevo. Panamá cuenta desde hace años con leyes de protección al adulto mayor que, según coinciden las especialistas, carecen de financiamiento y continuidad entre administraciones; la propia Veiga reconoce que, aunque ha habido avances de política y acciones, no se han sostenido en el tiempo ni se han dotado de los fondos necesarios para implementarlas. En abril pasado, durante un encuentro organizado por el INCAE Business School junto con Sumarse, la profesora Andrea M. Prado, directora de la Iniciativa de Salud y Ciencias de la Vida del INCAE, planteó que el cambio generacional en el país no puede abordarse únicamente desde una lógica asistencial, sino que exige repensar la organización del trabajo y los sistemas de cuidado.
La discusión conecta con otros debates sobre si las instituciones panameñas están preparando a la sociedad para los cambios estructurales en marcha, como un ensayo que cuestiona cómo enseña Panamá la historia patria en las escuelas. Para 2035, según el INEC, el número de personas de 60 años y más rondará las 962,468, casi el doble que las empadronadas en el Censo de 2023.