El documento, elaborado por agrupaciones como la Alianza Pueblo Unido por la Vida, el Suntracs, la Conusi, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, atribuye responsabilidad política al mandatario José Raúl Mulino; al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego; al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández; al director de la DNIP, Julio Cedeño, y al mayor Carlos Carvajal, señalado como jefe de la presunta estructura.
"Implica graves violaciones a los derechos humanos que afectan a gran cantidad de organizaciones", dijo el dirigente sindical Eduardo Gil, en una conferencia de prensa celebrada el martes, al presentar el expediente ante medios locales. El texto incluye nombres, rangos, funciones y un organigrama de 11 áreas operativas, además de fotografías y episodios puntuales de presunta infiltración.
Según el documento, la red "está integrada por más de 40 personas a nivel nacional", de las cuales 25 estarían identificadas por nombre, rango y número de posición interno. El expediente calcula que, "solo en esta planilla parcial", el Estado destinaría "más de $30 mil mensuales" en salarios, cifra que no incluiría gastos de vehículos, combustible, viáticos, alimentación, alquileres, equipos tecnológicos, software, asesores ni armamento, ni tampoco las llamadas "compras secretas" del Ministerio de Seguridad Pública ni los costos judiciales de procesos atribuidos a esa estructura.
El mayor Carvajal habría asumido el mando de la operación desde finales de 2023, en la recta final del gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), en medio de las protestas contra la concesión minera de Cobre Panamá. La estructura, según el documento, se habría fortalecido durante la actual administración y se formalizó el 26 de agosto de 2025 como Departamento de Orden Público de la DNIP, sin aparecer en el organigrama oficial de esa dirección.
Casos en Donoso y Río Indio
El informe describe presuntos episodios en Donoso y Río Indio, zonas donde el Ejecutivo evalúa reactivar la mina de cobre y donde la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) construirá un embalse. Ahí, según el documento, la red operaría bajo la fachada de una organización denominada Centro de Acción Solidaria, con una cuenta de TikTok utilizada para "generar confianza" con líderes comunitarios y "anticipar oposición" a esos proyectos.
El texto atribuye a un sargento la infiltración, desde 2022, en la Alianza Pueblo Unido por la Vida, con una participación de año y medio en reuniones de organizaciones campesinas, católicas, estudiantiles y ambientalistas en Río Indio, presentándose como estudiante universitario. En la comarca Ngäbe-Buglé, el expediente atribuye a otro sargento el seguimiento del activista Kevin Sánchez desde 2022, con quien mantendría una relación de amistad sin que este supiera, según el documento, que se trataba de un miembro de la Policía. Un cabo, añade el texto, estaría asignado al dirigente Toribio García y a otros líderes de la comarca desde una "casa clandestina alquilada en Remedios", en la provincia de Chiriquí.
La Policía Nacional calificó de "infundadas" las denuncias, aunque reconoció el uso de agentes encubiertos en sus operaciones. En un comunicado divulgado la noche del jueves, la institución sostuvo que "todas sus actuaciones se realizan con estricto apego al marco legal vigente y en pleno respeto de los derechos" de los ciudadanos, y objetó la divulgación de información personal de sus agentes, lo que —afirmó— pone en riesgo su seguridad.
"No tenemos infiltrados, sino agentes encubiertos para el bien de operaciones que derivan en mantener el orden y la seguridad nacional", remarcó la Policía Nacional en el comunicado.
La entidad añadió que la mayoría de los funcionarios mencionados en el informe habrían participado en "diversas investigaciones y diligencias de allanamiento" realizadas por el Ministerio Público contra estos grupos sindicales. La controversia se suma a otras tensiones recientes entre el Ejecutivo y organizaciones sociales, como la que enfrenta el Suntracs, cuya disolución fue demandada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, y ocurre en un país donde la fricción entre comunidades y Estado ya asoma en episodios como la crisis del río La Villa.