Julio Arosemena, secretario general del Minsa, explicó que la institución ha realizado gestiones ante el MEF para conseguir los recursos y se comprometió a continuar con ese trámite, sin precisar plazos. Rosalva de Castro, directora de Recursos Humanos del Minsa, detalló ante los propios afectados el alcance de la obligación pendiente.
"Hasta 2026, permanecía pendiente el pago a aproximadamente 7 mil exfuncionarios." Rosalva de Castro, directora de Recursos Humanos del Minsa.
Aura Valdés de Adames, representante de los exfuncionarios en Panamá Oeste, pidió a las autoridades mantener las gestiones ante el MEF para encontrar una salida a una deuda que, según plantearon los reclamantes durante el encuentro, lleva más de una década sin resolverse.
La prima de antigüedad no es un beneficio discrecional: la Ley 241 de 2021 obliga a pagar una semana del último salario por cada año laborado, más la proporción correspondiente a los años incompletos, y establece que la última institución donde trabajó el funcionario debe asumir el desembolso. En julio de este año, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales nueve de los diez numerales que excluían a determinados servidores públicos del beneficio, al considerar que esas restricciones vulneraban el principio de igualdad, lo que amplía el universo de personas con derecho a reclamar.
La deuda del Minsa, lejos de reducirse, ha crecido: en 2025 se ubicaba en $40 millones y ahora asciende a $42.2 millones.
Otras entidades sí obtuvieron fondos
El problema no se limita al sector salud. Las entidades estatales solicitaron en conjunto $182.2 millones para cubrir primas de antigüedad durante 2027, pero el MEF recomendó $82.3 millones, casi $100 millones menos de lo pedido. Esa cifra puede variar todavía, pues la propuesta de presupuesto debe pasar por las vistas presupuestarias y la aprobación de la Asamblea Nacional.
A diferencia del Minsa, otras carteras con alta rotación de personal sí recibieron partidas parciales. El Ministerio de Seguridad Pública reporta una deuda de $76 millones y obtuvo $10 millones; el Ministerio de Educación (Meduca) recibió $25 millones, y la Caja de Seguro Social logró $10.7 millones. Del total recomendado por el MEF, $25 millones corresponden a instituciones descentralizadas, $5.6 millones a empresas públicas y $3.7 millones a intermediarios financieros.
Durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, Justo Botacio, director de Presupuesto del MEF, admitió que el Gobierno todavía no cuenta con un registro completo de las obligaciones pendientes con exfuncionarios, por lo que la cartera solicitó a las instituciones información actualizada sobre montos adeudados y número de personas afectadas. El recorte llega mientras diputados y organismos cívicos escrutan otras partidas del gasto estatal, como se vio en el cuestionamiento a Orillac por los $4.4 millones de la villa diplomática.
El diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca) e integrante de esa comisión, cuestionó que el Estado mantenga deudas por servicios ya prestados mientras destina recursos a viáticos, alquileres y dietas, y planteó que debe fijarse una prioridad para saldar los compromisos con los exfuncionarios.