El comité está integrado, además de por Moltó, por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro. Los tres analizaron entre enero y junio los resultados de la auditoría realizada por la firma SGS, que evaluó aspectos legales, laborales, tributarios, ambientales y técnico-operacionales del proyecto, además de los riesgos asociados a posibles pasivos ambientales futuros. Moltó precisó que durante la presentación los tres ministros intervendrán y que posteriormente Mulino también hará uso de la palabra.
El ministro insistió en que la entrega del documento no implica una decisión inmediata sobre la mina.
"Al señor Presidente le debemos dar el espacio y el tiempo para que analice el informe, las recomendaciones, para que él pueda entonces girar instrucciones y tomar decisiones al respecto", señaló Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias.
Auditoría con 87.73 puntos sobre 100
La auditoría de SGS, que demandó ocho meses de trabajo entre levantamiento de información e inspecciones, determinó un nivel de cumplimiento global de 87.73 puntos sobre 100. El componente técnico-operacional obtuvo 90.20 puntos, mientras que el de riesgos y pasivos ambientales registró la valoración más baja, con 81.70 puntos. De los 370 compromisos ambientales revisados, nueve resultaron no conformes, con hallazgos sobre huella intervenida, reforestación, biodiversidad y gestión hídrica.
El informe advirtió además sobre riesgos vinculados al material rocoso expuesto, el manejo del agua y la posibilidad de generación de drenaje ácido, incluida la exposición de material mineralizado a las lluvias, que puede favorecer la lixiviación y movilización de metales.
Ambientalistas cuestionan el sustento del informe
La Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza pidió en julio que el informe no fuera aceptado en su estado actual, tras una revisión independiente que concluyó que 155 de los 371 compromisos evaluados —más del 40%— no contaban con evidencia suficiente en los anexos publicados. Los especialistas cuestionaron que más del 90% de la información revisada proviniera de reportes de la propia Minera Panamá.
"Hay 155 compromisos que no tienen sustento en la auditoría entregada al Ministerio de Ambiente. De 370, casi 40% de la información presentada no tiene ningún sustento de valor", alertó Isaías Ramos, biólogo y especialista en gestión ambiental.
Lilian Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental, sostuvo que el proceso de cierre de la mina y una eventual reapertura son categorías legales y técnicas distintas. "El proceso de cierre no implica continuar extrayendo", afirmó, y advirtió que cualquier intento de reapertura, incluso mediante una empresa estatal o una alianza público-privada, enfrentaría los fallos de la Corte Suprema de Justicia, la Ley de Moratoria Minera y el Acuerdo de Escazú.
La actividad extractiva de Cobre Panamá permanece suspendida desde noviembre de 2023, después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals. En mayo de 2025 se aprobó un Plan de Gestión Segura que permite labores de mantenimiento y se han autorizado exportaciones de concentrado de cobre almacenado, además del procesamiento reciente de material rocoso expuesto también destinado a exportación.
Un estudio económico del Consejo Nacional de la Empresa Privada advirtió que el cierre de la mina dejó un saldo de 30,277 empleos afectados y $4,851.1 millones en pérdidas. Con el informe en manos del mandatario este miércoles, corresponderá a Mulino definir los siguientes pasos sobre uno de los expedientes económicos y ambientales más sensibles del país.