La ley bipartidista de Protección del Deporte Universitario llega tras años de litigios que reconfiguraron la economía del deporte colegiado estadounidense. Entre los cambios previos figuran el reconocimiento del derecho de los atletas a cobrar por el uso de su imagen y un acuerdo judicial que habilitó a las universidades a pagarles de forma directa, mecanismos que la norma busca ahora ordenar bajo reglas de alcance nacional.
La escala comercial del fenómeno explica la urgencia legislativa. En enero, más de 30 millones de televidentes siguieron el campeonato nacional de fútbol americano universitario, y las principales conferencias —que agrupan universidades por regiones— han firmado contratos de difusión multimillonarios, según los datos citados en el debate del Senado. Se trata de una industria sin equivalente directo en la mayoría de países, incluido Panamá, donde el deporte universitario carece de esa dimensión.
De aprobarse en su forma actual, la ley permitiría a las instituciones educativas destinar cerca de $50 millones anuales a través de mecanismos de reparto de ingresos y otros fondos, facilitaría los traslados entre universidades sin la obligación de una temporada sin competir y limitaría al 5% los honorarios de los agentes deportivos. El texto incorpora además protecciones a largo plazo en becas y atención médica, y plantea salvaguardas para los deportes femeninos y olímpicos.
Sus impulsores defienden que el marco debe tener alcance nacional para reemplazar lo que describen como un salpicón de leyes estatales que deriva en constantes litigios.
"Los estudiantes atletas merecen recibir una remuneración. Merecen protecciones reales. Y los atletas de secundaria merecen una oportunidad justa para competir", declaró el senador republicano Ted Cruz, coautor del proyecto de ley.
La medida, sin embargo, dividió al bloque demócrata y encontró oposición de organizaciones por la igualdad racial, sindicatos y el Caucus Negro del Congreso. Los críticos sostienen que las disposiciones antimonopolio devuelven demasiado poder a la NCAA, restringen los derechos legales de los deportistas y dejan sin resolver si los jugadores universitarios deberían ser reconocidos como empleados con derecho a negociación colectiva.
La votación se produjo como una de las últimas gestiones del Senado antes del receso previo a los comicios de medio mandato. La Cámara de Representantes, que permanecerá en receso hasta después del 3 de noviembre, tendría un margen reducido para tramitar la norma antes de que asuma el nuevo Congreso en enero, y cualquier modificación en esa cámara obligaría a una nueva votación en el Senado.
El debate ilustra una tensión que atraviesa el deporte formativo en distintas latitudes: el equilibrio entre la protección de los atletas jóvenes y la presión de industrias cada vez más lucrativas. En Panamá, donde el béisbol y el boxeo concentran la tradición deportiva nacional, la discusión sobre remuneración y protección de deportistas en formación se ha planteado sobre todo en el ámbito de la salud laboral, como refleja el registro de Fenameri sobre maltrato y jornadas extendidas en hospitales públicos, aunque en un sector ajeno al deportivo.
De avanzar sin cambios en la Cámara de Representantes, la norma quedaría lista para su envío al presidente Donald Trump antes de que concluya el mandato del actual Congreso; cualquier enmienda, en cambio, obligaría a repetir la votación en el Senado y complicaría esa tramitación.