El refrendo del contralor es el aval que la Contraloría General de la República otorga a los contratos estatales antes de que puedan ejecutarse; sin ese sello, el compromiso de gasto no surte efecto. Al devolver el pliego a Meduca, la Contraloría dejó el contrato de las portátiles en suspenso y obligó al ministerio a decidir si lo corrige o lo deja sin efecto. El pliego de homologación especificaba con detalle los requisitos técnicos de procesamiento y memoria de los equipos, pero no incluía disposiciones sobre formación docente ni sobre el uso supervisado de las máquinas en el aula, un vacío que el propio debate en torno al contrato identifica como determinante para que la inversión se traduzca en aprendizaje.
En el proceso de homologación participaron 49 interesados —47 empresas y dos personas naturales—, aunque solo una firma llegó a presentar una propuesta en firme, por $1.28 millones por encima del precio de referencia establecido por Meduca. El rostro visible de esa empresa se promocionó públicamente como «el Bukele panameño» durante una candidatura fallida a diputado en las elecciones de 2024.
El contrato otorgaba un plazo de 60 días para la entrega de los 54,000 equipos, término que venció el 27 de junio. Los registros aduaneros indican que para el 6 de agosto solo habían ingresado al país 24,635 unidades, menos de la mitad de lo pactado. Pese a ello, Meduca anunció el 4 de agosto que la entrega se había completado en su totalidad, una discrepancia que quedó en el centro de las dudas sobre el proceso.
El valor declarado en aduana de esas importaciones promedia $256.66 por unidad, mientras que el contrato establece un pago de $527.45 por equipo, más del doble. De cumplirse el contrato en su totalidad, los ingresos brutos estimados para el proveedor rondarían los $14.6 millones, según los cálculos derivados de esas cifras.
Un ministerio que no gasta lo que ya tiene aprobado
Más allá del contrato de las portátiles, Meduca —el ministerio con el presupuesto más alto del Estado panameño— había ejecutado apenas el 9.4% de su presupuesto de inversión a junio de 2026, la cifra más baja entre todas las entidades del Gobierno Central, frente a un promedio de 30.5% en el resto de las carteras. El patrón no es nuevo: la ejecución de inversión de Meduca cerró en 17.2% durante todo 2025, según los datos del caso.
El presupuesto de inversión en infraestructura escolar de Meduca para 2026 asciende a $150 millones, destinados a 25 proyectos de construcción en distintas provincias y comarcas del país. El monto comprometido para las computadoras portátiles, $268.5 millones, casi duplica esa partida. La cifra contrasta además con la deuda salarial que Meduca arrastró con el gremio docente durante una década y que saldó por $53.1 millones: el contrato de las portátiles equivale a más de cinco veces ese monto.
La evidencia internacional sobre la entrega de dispositivos sin acompañamiento pedagógico ha sido documentada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que halló que, entre estudiantes de perfil similar en 31 países, un mayor uso de computadoras en clase se asoció con un desempeño inferior en pruebas estandarizadas. En la región, el programa One Laptop per Child, que distribuyó cerca de un millón de equipos entre escolares peruanos, no mostró efectos significativos en matemáticas ni en lenguaje, ni a los 15 meses de implementación ni en evaluaciones de seguimiento a diez años. En Uruguay, el Plan Ceibal registró un efecto positivo modesto en matemáticas y ninguno en lenguaje.
Estos antecedentes regionales alimentan el cuestionamiento al diseño del contrato de Meduca, que no contempla un programa de capacitación docente ni lineamientos curriculares específicos para integrar las portátiles a la enseñanza. El argumento central del debate no es que la tecnología no sirva en el aula, sino que su beneficio aparece cuando un adulto dirige y limita su uso dentro de un currículo, y se revierte cuando se reduce a entregar la máquina sin acompañamiento.
La salida de la exministra Molinar, el 12 de agosto, se produjo cinco días antes de que Meduca debiera comparecer en las vistas presupuestarias ante la Asamblea Nacional, instancia en la que la baja ejecución del ministerio habría sido, previsiblemente, el punto central del debate. Ese mismo día, la propia exfuncionaria solicitó la apertura de una investigación sobre el contrato de las computadoras portátiles.
La secuencia de hechos abre la pregunta de si la renuncia respondió al expediente de las portátiles o si buscó también evitar una comparecencia por el bajo nivel de ejecución presupuestaria, un indicador que compete directamente a la gestión ministerial y que no depende de un contrato puntual, sino de la capacidad de la institución para convertir presupuesto aprobado en obra ejecutada. Hasta ahora no consta una respuesta pública de la exministra a esa lectura más allá de su propia solicitud de investigación.
El caso permanece bajo escrutinio de la Contraloría General, que deberá decidir si Meduca introduce modificaciones al pliego antes de someterlo nuevamente a refrendo o si el contrato queda sin efecto. La Asamblea Nacional, por su parte, tiene pendiente fijar una nueva fecha para las vistas presupuestarias de Meduca, en las que se espera que el nuevo titular de la cartera explique tanto el estado del contrato de las portátiles como el plan para revertir el rezago en la ejecución de inversión. El desenlace marcará el margen de maniobra del sucesor: insistir en el modelo de entrega masiva de equipos o reorientar los recursos hacia infraestructura y formación docente, en un contexto de fiscalización reforzada.