La decisión, firmada por los magistrados Julissa Saturno, José Félix Sánchez y Adilio González, deja sin efecto la resolución que la juez de garantías Clara González dictó el 13 de septiembre pasado, cuando autorizó la salida del penal de Gaitán mediante el pago de la fianza. Los magistrados sustentaron la revocatoria en la pluralidad de delitos imputados contra la administración pública y la sociedad, lo que, a su juicio, hace de la detención provisional la respuesta procesal adecuada frente al riesgo de fuga.
A Gaitán se le investiga por presuntos delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada, corrupción y falsedad de documentos, en el marco de la operación Espejismo. La fiscal Elizabeth Carrión, que se opuso a la fianza, sostuvo ante el tribunal que las investigaciones acreditan que Gaitán se asoció con funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) para apropiarse de créditos fiscales a través del sistema e-Tax 2.0.
La pesquisa se inició en junio de 2024 a raíz de un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que alertó sobre un incremento inusual en el movimiento financiero de Gaitán, cuyos montos habrían pasado de $5,000 a $75,000. Ese reporte derivó en la apertura de la operación Espejismo, centrada en una presunta red para apropiarse y revender créditos fiscales tramitados mediante el sistema electrónico de la DGI.
La defensa de Gaitán, a cargo de la abogada Yamileth Rodríguez, rechazó los cargos y alegó que los créditos fiscales tramitados por su cliente correspondían a actividades legítimas que mantiene con el Estado. Rodríguez argumentó que la investigación de la fiscalía carece de sustento probatorio y responsabilizó a los propios funcionarios de la DGI de haber manipulado el sistema e-Tax 2.0, al margen de su representado.
Al momento de su detención, en septiembre pasado, Gaitán era presidente y representante legal del Consorcio HCG, la empresa que construye el Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito, junto a su socio, el costarricense Juan José Zonta Sing. El mismo consorcio mantenía además un contrato con Pandeportes para la construcción del Complejo Deportivo de Penonomé, dos obras cuya ejecución queda bajo escrutinio mientras avanza el proceso judicial.
En el procedimiento penal acusatorio panameño, la detención provisional es una medida cautelar excepcional que se dicta cuando concurren riesgos como la fuga o la obstrucción de la investigación, y no constituye un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal, que corresponderá determinar en etapas posteriores. Al revocar la fianza, el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó que Gaitán permanecerá recluido mientras continúan las diligencias.
El caso se suma a otros procesos vinculados a presuntas estafas y manejo irregular de fondos que han pasado por los tribunales panameños, como el de la Corte Suprema, que rechazó el recurso de Mayte Pellegrini en el caso Financial Pacific, o el de la red de estafadores con casas en Villa Grecia, ambos en revisión judicial en los últimos meses.
Con la resolución de este jueves, Gaitán seguirá en detención provisional mientras la fiscalía continúa la operación Espejismo, iniciada en junio de 2024 a partir del reporte de la UAF.