El esquema actual del sector eléctrico, vigente desde la reforma de finales de los años noventa, separa las actividades de generación, transmisión y distribución, y permite que las concesionarias compren parte de su energía en el mercado ocasional cuando sus contratos de largo plazo no alcanzan a cubrir la demanda de sus usuarios. Entre las distribuidoras figuran Elektra Noreste, la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste y la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí.
Ese mercado ocasional, administrado por el Centro Nacional de Despacho, funciona como una bolsa donde el precio de la electricidad se fija según la oferta y la demanda en tiempo real, lo que lo hace más susceptible a repuntes en época seca o ante fallas de las plantas generadoras. La dependencia de ese mecanismo ha sido señalada como uno de los factores que encarecen la factura eléctrica y que inciden en la calidad del suministro, con cortes prolongados en algunos corregimientos del interior y del área metropolitana.
La medida introduciría un cambio de fondo en la relación entre el Estado y las compañías distribuidoras, cuyas concesiones han operado bajo contratos de largo plazo sujetos al cumplimiento de metas técnicas, pero sin un historial reciente de revocación por mala calidad del servicio.
El marco regulatorio ya faculta a la ASEP para imponer sanciones económicas a las distribuidoras que incumplan los indicadores de calidad establecidos en sus contratos de concesión, como la frecuencia y duración de las interrupciones del servicio. La posibilidad de que el incumplimiento derive en la pérdida de la concesión misma representaría un endurecimiento sustancial de ese régimen sancionador, que hasta ahora se ha limitado a multas.
La propuesta se da en un contexto de quejas recurrentes de usuarios por cortes de luz, especialmente en temporada de lluvias, cuando las tormentas eléctricas y los vientos fuertes afectan las redes de distribución en Panamá, Colón, Chiriquí y otras provincias.
El objetivo declarado por la ASEP es que las distribuidoras minimicen su exposición al mercado ocasional y aseguren la cobertura de su demanda mediante contratos de suministro de largo plazo, una fórmula que ofrecería mayor previsibilidad en los costos trasladados a la tarifa eléctrica que pagan los hogares y las empresas. La revisión de los marcos regulatorios de servicios públicos ocurre también en otros países de la región, en paralelo a procesos políticos de fondo como el que vive Brasil en los comicios que redefinen el equilibrio regional.
La estructura actual del sector proviene de la Ley 6 de 1997, que desmontó el monopolio estatal del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y abrió la generación y la distribución a la inversión privada mediante concesiones. Desde entonces, la relación entre el Estado y las distribuidoras se ha regido por contratos de largo plazo cuyo cumplimiento supervisa la ASEP, creada originalmente como Ente Regulador de los Servicios Públicos.