De esa cifra, $7.7 millones corresponden a los nueve procesos judiciales abiertos por la Contraloría y el Ministerio Público, según las cuentas que ambas entidades atribuyen al grupo; los $2 millones restantes surgen de los tres expedientes que aún no han llegado a la fiscalía. Seis de los procesados habrían acumulado patrimonios superiores a los $500,000.
José Gabriel Carrizo, exvicepresidente, exministro de la Presidencia y excandidato presidencial del PRD en mayo de 2024, encabeza la lista con $1.9 millones en ingresos que no ha logrado justificar; cumple medida cautelar de detención domiciliaria y tiene un apartamento en el PH Marea 1, en Costa del Este. Noriel Araúz, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá, está detenido provisionalmente por no sustentar $1,322,234.38: el Tribunal Superior de Apelaciones consideró que existe riesgo de fuga por sus constantes viajes a Paraguay, que según el propio Araúz buscaban oportunidades laborales. La fiscalía sostuvo que al frente de la AMP acumuló inmuebles en los corregimientos de Betania, Pueblo Nuevo y Amelia Denis de Icaza, y en Chiriquí.
La paradoja del Vale Digital
Luis Oliva dirigía la Autoridad para la Innovación Gubernamental, de donde salió el Vale Digital que durante la pandemia de covid-19 permitió a los beneficiarios retirar las ayudas estatales con solo su cédula. El Ministerio Público sostiene que Oliva no ha podido justificar $957,397. Zenia Vásquez, secretaria general de la propia Contraloría, no sustentó $771,137: la fiscalía argumentó ante un Juzgado de Garantías que los recursos obtenidos en el cargo son inferiores a los montos hallados en una auditoría forense. El puesto de secretario general tiene asignado un pago de $6,800 mensuales, desglosado en $3,800 de salario y $3,000 de "gasto".
En diciembre de 2023, Vásquez adquirió en Santa María un inmueble valorado en $732,500, respaldado por una hipoteca de $253,000 con la Caja de Ahorros. Publio De Gracia, exdirector general de Ingresos, no explica $724,682 y compró un penthouse de casi $1 millón en el PH Costanera; con él son investigadas su esposa Elaine Salteiro y su antigua pareja Ninoshka Ríos, receptoras de fondos obtenidos por el exfuncionario. Héctor Brands, quien dirigió el Instituto Panameño de Deportes entre julio de 2019 y febrero de 2023, está en la mira por $649,292, según una auditoría de la Contraloría.
Maritza Ureña, exsubdirectora de la DGI, habría movido $1,013,000 y solo pudo justificar $585,000; la diferencia de $428,000 es la que persigue el Ministerio Público. Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos —la misma entidad que anuncia becas de formación profesional sin cifras ni plazos—, arrastra $419,331 de origen incierto según la auditoría forense.
Tres expedientes aún en la Contraloría
Tres casos no han llegado al Ministerio Público. La entidad fiscalizadora secuestró bienes por $774,462.64 a José Alejandro Rojas Pardini, exministro consejero para la inversión privada; $704,452.61 en activos a Rafael Sabonge, exministro de Obras Públicas; y $576,768.86 a Nadia Del Río, quien fue secretaria privada de Cortizo. Sabonge y Rojas Pardini son socios en varios proyectos inmobiliarios, enfrentan reclamos y procesos civiles, y ambos tienen apartamentos en Santa María.
El enriquecimiento injustificado no es una figura nueva en el derecho panameño: es uno de los pocos tipos penales que la Contraloría y el Ministerio Público manejan con regularidad. El control que debía prevenir esta acumulación —la declaración patrimonial jurada de los servidores públicos— existe en la norma desde hace décadas; lo que ha fallado, en este como en expedientes anteriores, es la verificación oportuna frente a la auditoría forense que llega años después del cese. El patrón inmobiliario de los investigados se concentra en Santa María y Costa del Este, dos de las zonas residenciales de mayor valor al este de la capital.
El allanamiento del PH Empire en Santa María, donde la mañana del 6 de octubre fue aprehendido Lau Cortés, dejó documentos y bienes que ahora forman parte de la investigación. Con él, los exfuncionarios de alta jerarquía del periodo de Cortizo procesados penalmente por presunto enriquecimiento injustificado suman nueve, y los secuestros administrativos, tres.