Los jueces de garantías, encargados de controlar la legalidad de las actuaciones en las primeras etapas del proceso penal y de resolver solicitudes de medidas cautelares, presentan la mayor concentración de eventualidad: 94 de 102, equivalente al 92.2%. Les siguen los jueces de cumplimiento, que intervienen tras dictarse sentencia, con 38 eventuales de 43, un 88.4%. Entre los jueces de juicio oral, que participan en la valoración de pruebas y determinan la responsabilidad penal, la proporción es de 66 eventuales sobre 81, con un puesto adicional en condición de interino abierto.
La condición eventual también se extiende a los magistrados de tribunales. De los 83 registrados, 49 son eventuales y 34 permanentes. El caso más marcado es el del Tribunal Superior de Apelaciones del SPA, donde los 27 magistrados que lo integran figuran como eventuales. Ese tribunal revisa las decisiones de los jueces de garantías y de cumplimiento y conoce los recursos de apelación contra ellas.
Fuera del ámbito penal, la situación se repite entre los jueces de circuito del ramo civil, con 35 eventuales de 55, y entre los cinco jueces adjuntos registrados, todos eventuales. En contraste, los magistrados del Tribunal Superior de Trabajo son mayoritariamente permanentes —siete frente a uno eventual— y los de los tribunales superiores de Familia y de Niñez y Adolescencia aparecen íntegramente como permanentes.
117 jueces eventuales ingresaron antes de 2020
Las fechas de ingreso registradas en la planilla muestran que buena parte de los funcionarios catalogados como eventuales acumula largos periodos dentro de la institución. Entre los jueces eventuales, 117 ingresaron antes de 2020 y 24 antes de 2016. Entre los magistrados eventuales, 16 tienen fecha de ingreso anterior a 2020 y seis, anterior a 2016.
La Ley 53 de 2015, que regula la Carrera Judicial, establece en su artículo 304 que quienes hayan ocupado por más de cuatro años puestos de las carreras públicas del Órgano Judicial y hayan superado dos evaluaciones de desempeño satisfactorias gozan de estabilidad. El Reglamento de la Carrera Judicial atribuye al Consejo de Administración de la Carrera Judicial la facultad de reconocer ese derecho, y dicho consejo ha emitido acuerdos en ese sentido para jueces y magistrados que cumplen los requisitos.
En el conjunto del Órgano Judicial, la planilla de septiembre registra 7,695 funcionarios, de los cuales 4,452 —el 57.9%— son eventuales, 3,212 permanentes y 29 interinos abiertos. Los ingresos mensuales muestran un aumento frente al año anterior: de enero a septiembre de 2026 se sumaron 2,062 nuevos funcionarios, frente a 788 en el mismo periodo de 2025, según la Contraloría.
La planilla también deja ver disparidades entre las remuneraciones de cargos jurisdiccionales y administrativos ocupados por personal eventual. Mientras los ingresos de algunos jueces llegan hasta $4,300, hay funcionarios eventuales en puestos administrativos con salarios superiores: un secretario técnico de Recursos Humanos percibe $6,550; un secretario técnico de Asuntos Judiciales, $6,345; un director general de Comunicaciones, $6,000, y un director de Modernización y Desarrollo Institucional, $5,620. También figura un magistrado eventual del Tribunal Superior Civil con salario de $5,350.
El peso de la eventualidad se produce en un contexto de escrutinio sobre el sistema de justicia, en el que las fiscalías anticorrupción de Panamá acumulan unos 6,500 casos abiertos. A ello se suman episodios recientes que han puesto en entredicho la asignación de jueces en causas sensibles: en junio, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto los nombramientos de los magistrados Adrián Hernández y Justo Vargas, en medio de investigaciones administrativas por la presunta asignación irregular de audiencias en el SPA. Uno de esos expedientes, el de Abraham Rico Pineda, siguió su curso ante los tribunales, según reflejó la decisión de que Rico Pineda seguirá en detención domiciliaria tras negarle el tribunal un cambio de medida cautelar.
En julio, el Órgano Judicial no renovó el contrato de la juez de juicio Katherine Navarrete, tras conocerse su vínculo con un abogado imputado en la operación Pandora. Estos casos se suman al panorama de una planilla judicial en la que, al 17 de septiembre, la mayoría de quienes deciden sobre medidas cautelares y sentencias en primera instancia ocupan sus cargos bajo condición eventual.