El registro se produjo sin los reproches habituales que los sindicatos pequeños suelen dirigir a los mayoritarios, un dato que las propias centrales subrayaron al presentar la convocatoria de la mano. Días antes, CC OO y UGT habían concretado ante la patronal que los motivos de fondo del paro incluyen, además de la vivienda, los salarios y la negociación de convenios colectivos.
"Esta huelga general es de la calle", declararon los sindicatos convocantes al registrar el paro en el Ministerio de Trabajo.
La incorporación de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas junto a las centrales mayoritarias amplía el perímetro de la protesta más allá del ámbito estrictamente laboral. El sindicalismo de inquilinos había ganado protagonismo en las semanas previas y se suma ahora a una huelga general que sitúa el precio de la vivienda como eje de movilización, un enfoque poco frecuente en el calendario reivindicativo español.
La convocatoria llega en un momento de tensión sobre el coste de la vida que afecta a los hogares, desde el alquiler hasta la cesta de la compra. En paralelo, las hortalizas han subido un 17,3% en un año, con el tomate a la cabeza de la escalada, un dato que alimenta el argumento sindical sobre la pérdida de poder adquisitivo de los salarios frente al encarecimiento generalizado.
El paro coincide también con el debate sobre los efectos del decreto de vivienda del Gobierno. Un economista ha advertido del riesgo de que la norma empuje al alquiler por habitaciones, un argumento que cuestiona la capacidad de la regulación para ampliar la oferta y que choca de frente con las reivindicaciones de los sindicatos de inquilinos.
El derecho de huelga está reconocido en el artículo 28 de la Constitución y su ejercicio exige el preaviso y el registro ante la autoridad laboral, trámite que las centrales cumplieron este lunes. A partir de ahí corresponde a las administraciones competentes fijar los servicios mínimos para garantizar las prestaciones esenciales durante la jornada.
Las huelgas generales en España se han convocado tradicionalmente por motivos laborales y de pensiones —la última de ámbito estatal fue la del 14 de noviembre de 2012 contra la reforma laboral—, sin que una movilización de esta escala hubiera tenido el acceso a la vivienda como causa central. La convocatoria del 11 de noviembre queda así fijada tras el registro oficial de este lunes en el Ministerio de Trabajo.
