La disposición adicional de la Ley de Memoria Histórica de 2007 reconocía el derecho a la nacionalidad española a «los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio». Para ejecutar esa previsión, el Gobierno socialista emitió una instrucción dirigida a los Registros Civiles que fijaba una presunción automática: se consideraría exiliado a todo español que hubiera salido del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin necesidad de acreditar motivación política alguna.
Quince años después, el Gobierno de Pedro Sánchez trasladó el mismo mecanismo a la Ley de Memoria Democrática de 2022. La instrucción que desarrolló esa norma, firmada por Sofía Puente —entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del ministro Óscar Puente—, repitió de forma literal el párrafo de 2008 sobre la presunción de exilio por fechas de salida del país.
Bolaños defendió ese paralelismo como argumento de continuidad institucional y recordó que la instrucción de Zapatero «la aplicaron gobiernos del PP», en referencia a que el plazo de solicitudes se extendió hasta diciembre de 2021, un mes después de que entrase en el Gobierno Mariano Rajoy.
«Es una instrucción del año 2008, aplicando la ley del 2007, igual que se copió en la instrucción del año 2022 con la Ley del 22», detalló Félix Bolaños, ministro de Justicia, en La Sexta.
El Supremo cuestiona la instrucción de 2022
El argumento de la continuidad choca con la decisión del Tribunal Supremo, que ha paralizado los efectos electorales de las nacionalizaciones tramitadas al amparo de la Ley de Nietos cuando los beneficiarios estén inscritos en el censo de voto exterior, el CERA. La Sala de lo Contencioso-Administrativo consideró que la instrucción de 2022 «no parece ajustarse, tampoco, al contenido de la propia norma legal que interpreta», un criterio que, por la formulación idéntica, alcanzaría también a la instrucción de 2008.
Un auto de este lunes ratificó la decisión cautelar adoptada por el Alto Tribunal ante el adelanto electoral convocado para el 29 de noviembre. En su resolución inicial, el Supremo apreció un «peligro fundado, real y serio» de alteración del censo electoral, al constatar que el CERA sumaba 2.736.522 electores a 1 de julio de 2026, frente a los 2.328.260 registrados en las elecciones generales de 2023.
El tribunal exige además al Gobierno que «publique en el Boletín Oficial del Estado» la suspensión cautelar del derecho de voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos que no hayan acreditado el exilio político de sus padres o abuelos durante el franquismo, un mandato que el Ejecutivo no había cumplido hasta el miércoles. Según la propia administración socialista, la medida afectaría a 163.000 personas ya inscritas en el censo exterior.
La instrucción original, la de 2008, no ha sido recurrida ni anulada, pese a compartir con la de 2022 la interpretación extensiva que el Supremo cuestiona ahora. Las 373.616 nacionalizaciones tramitadas bajo el Gobierno de Zapatero permanecen firmes, mientras las concedidas al amparo de la ley de 2022 han quedado bajo suspensión cautelar a semanas de la cita electoral. El episodio se cruza con otros frentes del Ejecutivo, como el plan atribuido a Moncloa para usar a Begoña Gómez como gancho electoral.