Lecornu condicionó la medida a la evolución de los disturbios registrados en las últimas jornadas, sin precisar un calendario ni las localidades que podrían quedar bajo toque de queda. La fórmula legal a la que se refirió el jefe de Gobierno es la ley de 1955 sobre el estado de emergencia, un instrumento que Francia ha activado en contadas ocasiones desde que se aprobó durante la guerra de Argelia.
Macron justificó el rechazo a la dimisión de Nuñez por la necesidad de mantener "un mando continuo de las fuerzas de seguridad en el contexto actual", una fórmula que remite a la voluntad de evitar un vacío de autoridad en el operativo policial mientras persisten los altercados. La oferta de salida del ministro llega en un momento de tensión creciente para un Ejecutivo que arrastra fragilidad desde su formación.
El estado de emergencia previsto en la legislación de 1955 faculta al Ejecutivo para restringir la circulación de personas y vehículos, prohibir reuniones susceptibles de provocar o mantener el desorden y ordenar el cierre de locales públicos en las zonas afectadas. Su activación requiere un decreto en Consejo de Ministros, y la prórroga más allá de doce días exige autorización parlamentaria, un control que la oposición francesa ha invocado cuando se ha prolongado su vigencia.
Francia aplicó ese mecanismo tras los atentados de noviembre de 2015 en París, cuando estuvo en vigor casi dos años, y durante los disturbios de 2005 en los suburbios parisinos, que se extendieron tres semanas por la periferia de las grandes ciudades. En ambos casos el recurso a la ley de 1955 abrió un debate sobre los límites de las medidas excepcionales en un Estado de derecho.
La ola de disturbios en Francia coincide en el tiempo con la que dejó más de 400 detenidos en Tirana, Milán y Bruselas en las últimas semanas, un fenómeno de alcance continental cuyas causas y conexiones entre países no han sido establecidas de forma oficial.
La gestión del orden público se añade a una agenda ya marcada por la negociación presupuestaria y por un Parlamento fragmentado, sin mayoría absoluta para ninguna de las fuerzas representadas en la Asamblea Nacional. La fractura parlamentaria limita el margen del Ejecutivo tanto en el terreno legislativo como en la respuesta a la contestación social.
Ni el Elíseo ni Matignon han concretado si la eventual declaración del estado de emergencia se limitaría a determinadas regiones o se extendería al conjunto del territorio, ni el alcance exacto de los toques de queda que Lecornu dejó abiertos como opción.
