Las familias afectadas por los dos siniestros han reclamado públicamente responsabilidades políticas por lo ocurrido en las líneas de Adif, y han señalado la ausencia de consecuencias internas en el gestor de infraestructuras. El presidente de Adif cobra 195.000 euros tras los siniestros de Adamuz y Urda, un sueldo que las asociaciones citan como ejemplo de esa falta de depuración de responsabilidades.
Las mismas asociaciones han pedido explicaciones sobre el estado del mantenimiento de las vías y sobre la cadena de decisiones que condujo a ambos descarrilamientos. El accidente de Urda reaviva el debate sobre el mantenimiento ferroviario en España, un asunto que el sector ya había puesto sobre la mesa con antelación.
En junio, Aicape avisó al Gobierno de la «fuga de talento» en seguridad ferroviaria, al señalar carencias en los equipos encargados de supervisar la red estatal, gestionada por Adif. La alerta cobra relevancia a la luz de los dos accidentes posteriores.
El accidente del metro de Valencia de julio de 2006, que causó 43 muertos, es el episodio que las asociaciones ponen como contraste. Entonces el PSOE, en la oposición autonómica, exigió responsabilidades al Gobierno de la Generalitat del PP presidido por Francisco Camps, en uno de los debates más prolongados sobre la gestión política de una catástrofe en el transporte público español.
El Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE se volcaron con el clamor de las víctimas de la dana de octubre de 2024 y respaldaron las peticiones de dimisión de Mazón, que acabó dejando su cargo. Esa implicación pública contrasta, según las asociaciones de Urda y Adamuz, con la actitud mostrada ahora ante sus propias reclamaciones.
Sánchez ha mantenido un perfil activo sobre las consecuencias de los siniestros ferroviarios. Sánchez anuncia ayudas para Urda similares a las de Adamuz y advierte del pacto PP-Vox, un anuncio centrado en la compensación económica a los afectados que no incluye referencias a eventuales responsabilidades políticas dentro del propio Ejecutivo.
Las asociaciones de víctimas insisten en que la comparación entre ambos episodios resulta inevitable, al tratarse en los dos casos de catástrofes vinculadas a infraestructuras públicas bajo supervisión estatal o autonómica. Mientras el Gobierno presionó políticamente a Camps en 2006 y a Mazón en 2024, la petición dirigida a Puente permanece sin respuesta.
