Según el escrito de acusación, el procesado aprovechaba la convivencia bajo el mismo techo y las ausencias de la madre para quedarse a solas con la menor. El relato fiscal describe episodios en los que la vigilaba mientras se duchaba, abriendo de improviso la puerta del baño, o irrumpía en su habitación cuando la joven se cambiaba de ropa.
Las conductas descritas en el escrito escalaron dentro del propio domicilio familiar. El hombre se paseaba desnudo por pasillos y estancias, realizaba gestos de carácter sexual y llegó a masturbarse delante de la menor mientras le dirigía comentarios explícitos para obligarla a mirar, según el relato que maneja la acusación.
El escrito fiscal recoge también episodios de contacto físico directo. En el sofá de la vivienda, el acusado habría sujetado a la menor y le habría realizado tocamientos en el pecho, la cintura y la zona genital. Para garantizar su silencio, la amenazaba con propinarle una paliza si contaba lo ocurrido a su madre o a otros familiares.
La joven ha necesitado atención psicológica especializada a raíz de los hechos, que le han dejado secuelas emocionales, según se desprende del escrito de acusación. Desde la primavera de 2023 rige una orden de alejamiento de quinientos metros y la prohibición de cualquier forma de comunicación del procesado hacia la víctima, medida cautelar que no prejuzga su culpabilidad y responde a la protección de la menor mientras se sustancia el proceso.
El Ministerio Público reclama una condena de diez años de prisión. A esa pena solicita sumar la expulsión del territorio nacional una vez cumplidas las dos terceras partes del internamiento, con prohibición de regreso a España durante una década, además de diez años de libertad vigilada posteriores al cumplimiento de la condena. El Código Penal permite, en condenas a extranjeros no residentes legalmente, sustituir el tramo final de prisión por la expulsión con veto de retorno.
La acusación pide también diez años de inhabilitación para cualquier profesión u oficio que implique contacto directo con menores de edad, el mantenimiento de la orden de alejamiento y una indemnización económica destinada a reparar el daño moral. El procedimiento se suma a otros casos recientes por delitos contra menores en las Islas, como la petición de 14 años de cárcel por abusar de dos niños en una casa de Inca.
El juicio se celebra este jueves ante la Audiencia Provincial de Baleares, que deberá resolver sobre la petición fiscal de diez años de prisión y las penas accesorias solicitadas contra el procesado.