La justificación trasladada fue que los tres ministros se encuentran «volcados» en la gestión de la ciudad autónoma, un argumento ya empleado en las ocasiones anteriores en que se requirió su presencia ante la Eurocámara. La reiteración de la ausencia impidió celebrar el debate programado por los eurodiputados que impulsaban la discusión sobre la frontera sur.
La negativa coincide con la aprobación en Ceuta de lo que la ciudad autónoma ha denominado un «presupuesto de guerra», una partida extraordinaria destinada a afrontar la presión migratoria y las condiciones en los campamentos de acogida. Las autoridades locales exigen al Gobierno central un calendario concreto para el cierre de esos campamentos, tras reprochar la vaguedad de los compromisos asumidos hasta ahora por el Ejecutivo, según se detalla en la información sobre el presupuesto de guerra de Ceuta.
Esa reclamación de plazos se inscribe en una tensión de fondo entre la administración local y el Gobierno que se arrastra desde hace meses, con Ceuta pidiendo mayor claridad sobre los recursos y los tiempos de actuación, y el Ejecutivo remitiendo la respuesta a la gestión ordinaria de la crisis migratoria en la frontera sur.
El debate que se pretendía celebrar se enmarca en la competencia que el Parlamento Europeo ejerce sobre el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de asilo y fronteras exteriores. España, como Estado miembro con frontera terrestre con Marruecos en Ceuta y Melilla, está sujeta al escrutinio de las instituciones comunitarias, y la gestión de los flujos migratorios en esas ciudades autónomas ha sido objeto recurrente de atención europea por su condición de frontera exterior de la Unión.
La presión migratoria sobre Ceuta ha protagonizado episodios graves en el pasado reciente: en mayo de 2021 más de 8.000 personas entraron a nado o por tierra en apenas dos días, en plena crisis diplomática con Marruecos, un precedente que situó la frontera ceutí en el foco de Bruselas. Desde entonces, el control de los perímetros de las dos ciudades autónomas ha figurado en los informes periódicos de las instituciones europeas sobre fronteras exteriores.
En paralelo, Bruselas ha reforzado recientemente otros mecanismos de control, como la decisión de dotar a Frontex de una fuerza capaz de desplegarse «en cuestión de horas», una medida que responde a la misma preocupación por la gestión ágil de las fronteras exteriores que motiva el interés de los eurodiputados por Ceuta.
La ausencia de los tres ministros contrasta con la insistencia de la ciudad autónoma en obtener respuestas. Ceuta ha condicionado parte de su estrategia presupuestaria a la obtención de un horizonte temporal claro para el desmantelamiento de los campamentos, una petición que, hasta ahora, el Gobierno central ha remitido a la gestión ordinaria de la crisis.
