El criterio de reparto es el núcleo del conflicto: la financiación municipal en España se calcula en gran medida sobre la población empadronada, un parámetro que no refleja la presión real sobre servicios como la limpieza viaria, la seguridad, el abastecimiento de agua o la recogida de residuos en localidades donde la población flotante multiplica varias veces al censo oficial.
Granados, que admite las dificultades aunque se declara optimista, resume la tensión que atraviesan los municipios turísticos de costa, que ingresan por el IBI, las tasas turísticas o el impuesto de vehículos, pero cargan el grueso del coste de mantener una ciudad que multiplica su tamaño en verano sobre los vecinos que pagan impuestos todo el año.
«Los contribuyentes locales deben asumir una parte significativa del coste de unos servicios dimensionados para una población muy superior a la residente», precisó Pere Granados, alcalde de Salou.
En Benidorm el problema tiene un componente adicional: el consistorio afronta el pago de una multa de 360 millones de euros que complica la senda de reducción de deuda que el ayuntamiento había iniciado en los últimos ejercicios. Esa cifra representa una carga muy superior al presupuesto anual de muchos municipios de tamaño similar y obliga a revisar los planes de saneamiento financiero de la ciudad alicantina.
Ambas localidades exigen una reforma del sistema local de financiación que les dé acceso a mayores recursos en proporción al servicio real que prestan, no solo al número de residentes empadronados. Es un debate recurrente en el mapa municipal español, donde decenas de ayuntamientos costeros e insulares llevan años reclamando al Ministerio de Hacienda fórmulas de reparto que tengan en cuenta la población flotante o estacional.
El marco normativo vigente, el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, data de 2004 y se ha modificado en múltiples ocasiones sin abordar de fondo la financiación de los municipios turísticos. Comunidades con fuerte peso del sector, como Baleares, Canarias o la Comunidad Valenciana, han planteado la necesidad de un fondo específico o de un criterio corrector que incorpore pernoctaciones o afluencia real, propuestas que no han cristalizado en una reforma legislativa.
La tensión entre el Estado y las administraciones locales por la suficiencia de recursos para servicios esenciales se repite en otros ámbitos, como el que enfrenta a los gestores de la red ferroviaria tras los siniestros de Adamuz y Urda, recogido en el debate sobre el mantenimiento ferroviario reavivado por el accidente de Urda.
Mientras no se reforme el modelo, Salou y Benidorm seguirán gestionando el contraste entre ser referentes del turismo de sol y playa en España y mantener unas cuentas municipales sometidas a la presión de atender, con los recursos de unos pocos miles de contribuyentes empadronados, las necesidades de millones de visitantes que pasan por sus calles cada año.
