Uno de los operativos se desarrolló a unas ocho millas de la zona de Santa Catalina, donde los agentes del Servicio Marítimo interceptaron una embarcación en la que viajaban 17 inmigrantes. El supuesto patrón fue detenido y quedó a disposición judicial, investigado por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tipificado en el artículo 318 bis del Código Penal para quienes faciliten el tráfico ilegal de personas.
En la zona de Benzú, los agentes interceptaron durante la pasada noche otra embarcación con 11 inmigrantes a bordo y, posteriormente, localizaron dos kayaks en los que viajaban otros siete: tres en uno y cuatro en el otro. En Santa Catalina, la Guardia Civil interceptó además una quinta embarcación con nueve inmigrantes. En conjunto, los servicios evidencian el uso de medios muy distintos —desde embarcaciones a kayaks— para intentar alcanzar la Península desde territorio ceutí.
La investigación sobre estos pases apunta a distintos métodos empleados para dificultar la identificación de los responsables. Según las fuentes judiciales citadas, en algunos casos las embarcaciones son entregadas a los propios inmigrantes para que sean ellos quienes las conduzcan, lo que permitiría a los organizadores de las travesías mantenerse alejados de la operación y dificultar así su persecución penal.
Los agentes del Servicio Marítimo afrontan en estos operativos situaciones de especial riesgo, tanto por las condiciones de navegación como por las maniobras de evasión de quienes pilotan las embarcaciones. Algunas de ellas viajan con un número elevado de personas y en condiciones precarias, lo que obliga a combinar la persecución de los presuntos responsables con labores de auxilio y rescate cuando los ocupantes se arrojan al agua durante la interceptación.
Las embarcaciones intervenidas permanecen bajo custodia en las instalaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Ceuta, a la espera de las decisiones que adopte la autoridad judicial competente sobre su destino y sobre la situación procesal de los detenidos. La presión sobre las redes dedicadas a organizar estos cruces se ha incrementado desde la entrada masiva de personas registrada a finales de julio en la ciudad autónoma.
La instrucción de estas causas recae en los juzgados de Ceuta, que deberán determinar el grado de participación de cada detenido y si existe una organización criminal detrás de los operativos, circunstancia que agravaría la pena prevista en el artículo 318 bis. El precepto castiga con prisión de hasta ocho años a quienes ayuden a personas no nacionales a entrar o transitar por España vulnerando la legislación de extranjería, y eleva la condena cuando media una estructura organizada o se pone en peligro la vida de las víctimas.
El fenómeno se suma a otras causas abiertas en los últimos meses en el ámbito de la frontera sur y en el resto del territorio. La Audiencia Nacional investiga en paralelo asuntos de gran calado sobre presuntas tramas económicas, como la que analiza si el petróleo de Aldama con Delcy Rodríguez financió al PSOE. Las cinco embarcaciones intervenidas en Ceuta quedan ahora bajo control judicial a la espera de resolución.
