El juez ha encargado el análisis de esas comunicaciones a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los investigadores tratan de determinar el alcance real de la relación entre Aldama y el entorno del Gobierno de Nicolás Maduro, así como su papel como intermediario en operaciones de compraventa de crudo canalizadas, presuntamente, a través de la compañía suiza Pegaso Energy.
La causa se nutre también del relato ofrecido por Aldama en dos declaraciones judiciales que continúan bajo secreto. El empresario ha sostenido que entregó dinero en efectivo al que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su asesor Koldo García, fondos que —según su versión— procedían de negocios petroleros venezolanos y estaban destinados a la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista. Una de esas entregas, de 300.000 euros, se habría producido el 3 de enero de 2020 en el domicilio de Ábalos en la urbanización madrileña de El Viso.
Entre las cuestiones que analiza el juzgado figura si existió alguna conexión entre esas presuntas operaciones y la evolución de la política exterior española hacia Venezuela durante el primer mandato de Pedro Sánchez, marcada por el paso del respaldo inicial a Juan Guaidó hacia una posición posterior de mayor distancia frente al chavismo.
Los mensajes recogen referencias reiteradas a cargamentos de fuel oil y crudo. En junio de 2021, Aldama habría remitido a Rodríguez una propuesta de Pegaso Energy para ejecutar una operación con socios rusos, con cargamentos situados en el puerto de Amuay, en la península de Paraguaná. Las empresas intermediadas por el propio Aldama aspiraban a adquirir más de 15 millones de barriles de crudo venezolano en un plazo aproximado de seis meses.
Las conversaciones reflejan también incidencias logísticas: un buque habría permanecido cerca de 30 días esperando para cargar en Amuay, y Rodríguez preguntó en varias ocasiones por el estado de los pagos, advirtiendo de que PDVSA no autorizaría nuevas cargas a clientes con deudas pendientes. En otro intercambio se aborda una partida de 215.000 barriles con pagos canalizados mediante cuentas rusas vinculadas a Pegaso. Según los mensajes incorporados al procedimiento, una de las operaciones habría generado unos 3,9 millones de dólares para la industria venezolana.
El papel de Zapatero, sin contrastar
La instrucción mantiene también bajo análisis las afirmaciones de Aldama sobre José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el empresario ha vinculado con la presunta financiación opaca del PSOE a través de Venezuela. Se trata, por el momento, de un relato aportado por el investigado que deberá contrastarse a lo largo de la instrucción. La financiación ilegal de partidos ha marcado la crónica judicial española desde los casos Filesa, que salpicó al PSOE en los años noventa, hasta la caja B del PP juzgada en la Audiencia Nacional.
La causa se tramita en paralelo a otros procedimientos que afectan al entorno de Ábalos y Koldo García, distintas ramificaciones del denominado caso Koldo, mientras el Tribunal Constitucional prepara para el próximo 6 de octubre la votación de dos sentencias que amnistían la malversación del procés. Sobre el saludo protocolario entre Sánchez y Rodríguez, Vox los calificó de «dos criminales que comparten ideología y el asalto a todas las instituciones para no dejar el poder».
