La investigación arrancó a raíz de un aumento notable de denuncias por hurtos en la arena. Los hechos se concentraron primero en playas urbanas de Palma como Can Pere Antoni, Portixol, Ciudad Jardín y Can Pastilla, para extenderse después por todo el litoral palmesano y por el municipio vecino de Calvià.
El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro, con la colaboración de la Policía Local, montó un dispositivo específico para identificar a los autores. Según la reconstrucción policial, los miembros del grupo acudían a la costa en patinetes eléctricos y acechaban a los bañistas que dejaban sus objetos personales sin vigilancia sobre la arena, y tras sustraerlos huían a gran velocidad. Cuando alguna víctima advertía el robo e intentaba recuperar lo sustraído, los presuntos autores respondían con violencia inmediata para asegurarse el botín.
La red disponía de dos viviendas okupadas en el barrio palmesano de Pere Garau que funcionaban como centro de operaciones, refugio y punto de receptación: allí compraban material robado a otros ladrones de la zona, se hacinaban los integrantes del grupo y se incorporaba a nuevos miembros, según el atestado policial.
Dos pisos okupados en Pere Garau
La fase ejecutiva del operativo se cerró el pasado lunes con la participación de efectivos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, la Policía Científica, la Brigada de Extranjería, la Comisaría de Distrito Centro y la Policía Local de Palma. Durante el registro de los dos inmuebles, uno presentaba un deterioro estructural severo, con una habitación completamente apuntalada, lo que obligó a movilizar a los Bomberos de Palma y a técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento, que precintaron el edificio por razones de seguridad.
En los registros, los agentes arrestaron a los 19 implicados e incautaron 42 teléfonos móviles —varios de ellos ya denunciados por sus propietarios— y 11 patinetes eléctricos con los números de serie borrados o raspados para dificultar su rastreo. Uno de los vehículos incluía un orificio camuflado diseñado para ocultar un arma blanca. Los agentes también intervinieron herramientas y documentación que siguen siendo analizadas para determinar su procedencia.
El carterismo organizado en zonas turísticas se persigue en España por la vía del hurto agravado y el robo con violencia previstos en el Código Penal, y su reiteración por grupos coordinados permite investigarlo como delito continuado. La Policía Nacional y la Policía Local continúan analizando denuncias pendientes y tomando declaración a los afectados; al no estar cerrada la operación, no descartan que el número de hechos esclarecidos aumente en los próximos días.
Los 19 detenidos permanecen a disposición judicial. La causa se suma a otros expedientes que tramitan en paralelo los tribunales de la isla, de naturaleza distinta, como el litigio empresarial resuelto recientemente en torno a la continuidad de la dirección de Conpymes.
