El pulso interno de la confederación de pymes y autónomos —que disputa a Cepyme, ligada a la CEOE, la representatividad del sector— llega así a un primer punto y seguido judicial. El tribunal, que no entra a valorar el fondo del conflicto, ha descartado que exista un daño «actual, real e irreversible» que justifique paralizar de forma cautelar la actividad ordinaria de Conpymes ni sustituir a su Junta Directiva antes de que haya sentencia firme.
La resolución pone el foco en un dato que Conpymes ha subrayado: las entidades demandantes, encabezadas por la catalana Pimec, no representan actualmente a la mayoría de los asociados, aunque sí ostentarían la mayoría cualificada. El auto añade que estas organizaciones habrían dejado de atender sus obligaciones económicas frente a la Confederación, un extremo que el tribunal considera relevante para valorar el perjuicio alegado. Desde Conpymes se subraya que en cualquier organización de este tipo los derechos de participación van ligados al cumplimiento de las obligaciones comunes.
El litigio arranca en la accidentada asamblea del 26 de marzo, en la que Torres, único candidato a la reelección, fue proclamado presidente pese a la disconformidad de varias entidades asociadas. Aquellas organizaciones denunciaron entonces, según relató ABC, que el proceso estuvo «marcado por graves irregularidades que vulneran los principios básicos de transparencia, democracia interna y cumplimiento de los estatutos de la entidad», y anunciaron medidas para revertir lo que consideraban una proclamación ilegal.
Las entidades discrepantes sostienen que «ni Torres ni la supuesta junta directiva (.) representan a Conpymes ni a sus asociaciones miembros», y recuerdan que agrupan a la mayoría cualificada de la organización. El trasfondo del enfrentamiento estaría, según recoge la confederación, en la negativa de Torres a aceptar lo que él mismo considera una tutela injustificada por parte de la patronal catalana, así como en su intento de concentrar los cargos que corresponderían a Conpymes en el marco del diálogo social.
La reacción de Torres tras el auto
Torres ha reivindicado la resolución como una garantía institucional y no como un triunfo personal frente a sus rivales internos.
«No la interpretamos como una victoria contra nadie, sino como una garantía para Conpymes y para todas sus organizaciones asociadas. La Confederación debe seguir funcionando con normalidad, defendiendo una voz propia, plural e independiente para las pymes y autónomos de España», explica José María Torres, presidente de Conpymes.
El presidente de la confederación fue más allá al referirse a las acusaciones vertidas contra su gestión durante el proceso judicial.
«Se han hecho afirmaciones muy graves sobre Conpymes, sobre su junta directiva y sobre mi propia actuación como presidente. Hemos preferido responder donde corresponde: con documentos, con respeto institucional y con confianza en la Justicia. El auto confirma que no había base para desplazar cautelarmente a los órganos actuales», añade Torres.
La pugna se enmarca en un año de resoluciones judiciales que afectan a la representación patronal y sindical, como el reciente fallo en el que el Supremo obligó a Hacienda a acotar sus regularizaciones a las holdings familiares. Según Conpymes, el auto «frena el intento de parálisis institucional y reprocha a los solicitantes que pretendan ejercer derechos asociativos mientras incumplen sus obligaciones económicas». La decisión, con todo, no cierra el conflicto: el tribunal no se ha pronunciado sobre el fondo, que seguirá su curso hasta que exista sentencia definitiva sobre la legitimidad de la proclamación de Torres y la validez de la asamblea del 26 de marzo.
