El requerimiento a más de treinta organismos de distinta naturaleza, desde cuerpos de seguridad hasta servicios de inteligencia, situaría esta causa entre las de mayor alcance instructor de los últimos años, aunque el número exacto de diligencias y su calendario no han trascendido. La instrucción se limita por ahora a recabar información: no consta imputación alguna contra cargos públicos ni que la causa haya alcanzado la fase de procesamiento.
El propio hecho de reclamar documentación al Ejército y al CNI, órganos sometidos a un régimen de reserva y clasificación específico, anticipa que buena parte del litigio futuro podría dirimirse en torno al acceso a material clasificado. Esa cuestión se rige en España por la Ley de Secretos Oficiales de 1968, todavía vigente pese a las reiteradas propuestas de reforma planteadas en distintas legislaturas.
La tensión entre instrucción judicial y secreto oficial no es inédita en la Audiencia Nacional, tribunal que ha tramitado históricamente asuntos de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado con implicaciones internacionales, y que en más de una ocasión ha litigado por el acceso a documentación militar o de inteligencia. El caso Faisán, resuelto por el Tribunal Supremo en 2012, marcó los límites entre información reservada y responsabilidad penal, aunque su encaje fáctico difiere del asunto ahora instruido.
La condición de investigado, cuando se atribuya a una persona concreta, no implica la comisión del delito ni anticipa el fallo: el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal reservan la declaración de culpabilidad a la sentencia firme, tras las fases de investigación, eventual procesamiento y juicio oral. Mientras no se conozcan escritos de acusación o autos de procesamiento vinculados a esta pieza, cualquier alusión a responsabilidades concretas del Gobierno o de Marruecos permanece en el terreno de la hipótesis instructora.
La dimensión bilateral del asunto, con Marruecos como parte cuya eventual responsabilidad se investiga, añade una capa de complejidad diplomática. Las relaciones entre Madrid y Rabat han alternado en los últimos años episodios de tensión y acercamiento, desde la crisis migratoria de Ceuta en mayo de 2021 hasta el giro español sobre el Sáhara Occidental anunciado en marzo de 2022.
La instrucción de Tardón se suma a un conjunto de investigaciones judiciales de calado que ocupan a los tribunales, entre ellas la que sigue la Fiscalía de Menores por presuntos malos tratos a niñas migrantes en un centro de Ceuta. El expediente de la magistrada permanece, según la información disponible, en fase de recopilación documental, sin que se hayan fijado plazos ni trascendido próximas diligencias.
