El escrito remitido al Ministerio Público detalla el relato de varias jóvenes, identificadas con nombres ficticios, que continúan o han pasado por los dos recursos habilitados en el Tarajal para alojar a las menores extranjeras no acompañadas llegadas a Ceuta a finales de julio. Una de las instalaciones está gestionada por SAMU y la otra por Engloba, mientras que la tutela administrativa de las adolescentes corresponde a la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Una de las denunciantes, identificada como Hasna, relata que fue castigada sin explicación tras reclamar una almohada y que, al preguntar el motivo, una trabajadora reaccionó de forma agresiva. "Me empezó a golpear en el pecho, una y otra vez", recoge el informe. La joven asegura que terminó en el suelo y que la persona que la agredía impidió a sus compañeras socorrerla con la advertencia "no os acerquéis a ella". Hasna continúa en el centro y no ha presentado denuncia formal.
Cuando intentó pedir auxilio a los responsables, según su testimonio, una encargada le respondió: "¿Estás loca? Esto es Europa, no puedes venir aquí a montar problemas". El informe consigna que entre las palabras que se repiten en los relatos hay una especialmente recurrente, con la que aseguran que las despertaban entre gritos.
La denuncia no convierte estos relatos en hechos probados: corresponderá a la investigación abierta por la Fiscalía de Menores determinar qué ocurrió dentro de los centros y depurar, en su caso, las responsabilidades penales o administrativas del personal o de las entidades gestoras.
Amenazas con devolverlas a Marruecos
Varios testimonios coinciden en que el personal habría utilizado la situación administrativa de las menores como instrumento de presión. Una de las denunciantes relata que, cuando protestaban, recibían la advertencia "si habláis os vamos a llevar a Marruecos", mientras otra sostiene que las amenazaban con no cumplimentar correctamente su documentación si no obedecían. El propio informe recoge que algunas no habrían denunciado antes por temor a represalias relacionadas con sus solicitudes de residencia y con la posibilidad de ser devueltas.
El acceso a los teléfonos móviles aparece también como elemento recurrente. Firdaus, otra de las denunciantes, afirma que solo podían usarlos durante periodos muy reducidos, en ocasiones media hora cada varios días: "No nos dejan los teléfonos para no grabar la humillación, la injusticia y la violencia que sufrimos". La joven asegura haber presenciado cómo un miembro del personal empujaba al suelo a otra menor que había reclamado la devolución de su móvil.
Las adolescentes habían pasado previamente más de un mes en asentamientos informales de la ciudad, como los de El Príncipe y Sidi Embarek, antes de ser trasladadas a las naves del Tarajal a principios de septiembre. La saturación de la acogida de menores no acompañados en Ceuta viene siendo objeto de denuncias de organizaciones sociales, que ya alertaron de que cientos de menores migrantes seguían durmiendo a la intemperie sin acogida en la zona del Príncipe.
La investigación de la Fiscalía se enmarca en el mecanismo de tutela previsto en el Código Civil y en la Ley de Protección Jurídica del Menor, que atribuye a la administración autonómica la guarda de los menores desamparados: en este caso, la Ciudad Autónoma de Ceuta es la responsable última de garantizar su protección, alimentación, atención médica y comunicación con el exterior mientras se resuelve su situación administrativa. El informe subraya que son precisamente las personas encargadas de su cuidado a quienes los testimonios atribuyen los malos tratos.
